Los presuntos hechos delictivos tuvieron lugar en mayo de 1999, en el coto existente en la Finca "Casa Nueva". En dependencias de la finca se halló un búho real cautivo que se utilizaba como reclamo para atraer y matar rapaces diurnas. La caza de rapaces con búho fue una práctica mortí­fera antaño muy extendida que hoy sigue practicándose ilegalmente. En la habitación donde se encontraba el búho se hallaron numerosos cadáveres y restos de otras rapaces a las que se habí­a disparado tras atraerlas con el búho y que, según todos los indicios, después eran dadas como alimento a este. En las mismas dependencias de la finca, el Seprona localizó una caja con 104 huevos a los que se habí­a inyectado un potente veneno. El único imputado es la persona que hací­a las veces de guarda y gestor del coto de caza existente en la finca.

La manifestación en juicio del abogado del imputado de que WWF/Adena carecí­a de un interés legí­timo para ser acusación particular motivó el primer aplazamiento, al ser admitida por la juez y el fiscal. Para WWF/Adena, lo más sorprendente del caso es que la base del auto de la juez para evitar que Adena pudiera ejercitar la acción penal es que no se encontraron los poderes de Adena en el juzgado que realizó la instrucción de los hechos.

El segundo aplazamiento se produjo ante la solicitud de la fiscalí­a de que fuera la Audiencia provincial la que se pronunciara sobre si WWF/Adena podí­a ser acusación particular. El tercer aplazamiento que ahora tiene lugar, se debe a la imposibilidad de asistencia de testigos del Seprona. Entre tanto la decisión de la Audiencia provincial obliga a que la sentencia le sea notificada a WWF/Adena a efectos de que pueda recurrir sobre los aspectos de legitimación que le han impedido actuar como acusación particular, para evitar que se pueda producir indefensión. En este caso de ser estimado el hipotético recurso de Adena ello podrí­a suponer la anulación de todo lo actuado hasta el momento.

Tanto WWF/Adena como la fiscalí­a, que ahora ejercerá en solitario la acusación, consideraron al gestor de la caza que a su vez hací­a las funciones de guarda, como autor de un delito de cazar especies protegidas, así­ como de otro consistente en el empleo de cebos envenenados, este en grado de tentativa. Además WWF/Adena consideró que para el caso de la caza de especies amenazadas se habí­a producido un delito continuado de los tipificados en el artí­culo 74 del Código Penal.

Para WWF/Adena se vuelve a demostrar la necesidad de la creación de una fiscalí­a de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, pues la falta de conocimiento, debido tal vez a la novedad y especialidad de este tipo de delitos parecen estar en el origen de la desconcertante actitud de la fiscalí­a.

En cuanto a la situación del uso de cebos envenenados en Toledo, la provincia sigue figurando a la cabeza de la región en esta dañina práctica. Así­ según los datos de la propia Consejerí­a, en los años 2000 y 2001, se confirmaron en la provincia de Toledo 43 casos de aparición de cebos o cadáveres animales envenenados. Las especies más afectadas han sido el milano negro, el escaso buitre negro, el milano real y una especie en peligro de extinción como es el Águila imperial.