Amnistí­a Internacional ha expresado su satisfacción ante el momento histórico que supone la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y pide a todos los gobiernos que se conviertan en Estados Parte en el Estatuto y apoyen activamente la Corte.

"A partir de hoy, los autores de los peores crí­menes según el derecho internacional podrán ser juzgados por la Corte", ha señalado Amnistí­a Internacional.

La CPI podrá investigar y enjuiciar a personas acusadas de genocidio, crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra cometidos a partir de la fecha de entrada en vigor del Estatuto. Se espera que la Corte comience a investigar las primeras causas a comienzos de 2003.

"Actualmente hay 73 paí­ses que han ratificado el Estatuto de Roma. El ritmo de ratificación que ha sorprendido a muchos y al parecer se mantiene", añadió la organización. "Se trata de otro paso hacia un sistema de justicia internacional reforzado, donde la CPI complementará las jurisdicciones nacionales en la lucha contra la impunidad"."

"Con la entrada en vigor hoy del Estatuto de Roma, entran también en vigor nuevas normas de derecho penal internacional. A medida que más y más Estados ratifiquen el Estatuto y que la propia Corte comience a funcionar, aumentarán las posibilidades de hacer comparecer ante la justicia a los autores de los peores crí­menes según el derecho internacional".

Información general

El Estatuto de Roma fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática celebrada en Roma. El Estatuto dispone la creación de una Corte Penal Internacional permanente con competencia sobre crí­menes de genocidio, crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra. El crimen de "agresión" también estará bajo su competencia cuando se haya acordado una definición y se hayan enunciado las condiciones bajo las que ejercerá dicha competencia.

El Estatuto dispone que su entrada en vigor y la creación de la Corte se efectuará cuando lo hayan ratificado 60 paí­ses. Esto sucedió el 11 de abril de 2002 en una ceremonia especial en la sede de las Naciones Unidas. A fecha de hoy, son 73 los Estados que han ratificado el Estatuto, y 139 los que lo han firmado.

La CPI no ocupará el lugar de los tribunales nacionales, sino que los complementará, actuando sólo cuando éstos no puedan o no estén dispuestos a hacerlo. La Corte tendrá un fiscal independiente que podrá iniciar investigaciones basándose en información procedente de cualquier fuente. El Consejo de Seguridad de la ONU podrá suspender una investigación o un enjuiciamiento por un plazo que no excederá de 12 meses renovables, pero para la suspensión deberán estar de acuerdo todos los miembros permanentes del Consejo.

La Corte sólo podrá investigar y juzgar crí­menes cometidos después del 1 de julio de 2002.