Ciudad de México — Las autoridades mexicanas se enfrentan al gran reto de demostrar que las medidas tomadas para resolver los problemas de derechos humanos que aún existen en el paí­s, como las "desapariciones", suponen una clara ruptura con un pasado de violaciones de derechos humanos e impunidad generalizada, ha manifestado Amnistí­a Internacional con motivo de la publicación de un informe sobre las "desapariciones" en México actualmente y en el pasado.

"Hay cientos de casos de "desaparición" sin resolver, la mayorí­a de la época de la "guerra sucia" emprendida contra los activistas de la oposición en los años setenta y ochenta. Y ello a pesar de la voluntad inquebrantable de familiares, amigos y activistas de descubrir la verdad y conseguir que se haga justicia", ha afirmado la organización.

"Sin embargo, como muestra la evidencia, las "desapariciones" no son sólo una amarga herencia del pasado: la gente continúa "desapareciendo" en diversos estados de todo el paí­s", continuó Amnistí­a Internacional.

En su informe, Amnistí­a Internacional destaca cuatro "desapariciones" que han tenido lugar desde que el presidente Fox ocupó el cargo en diciembre de 2000, en los estados de Chiapas, Colima y Guerrero. La organización subrayó que el verdadero número de casos podrí­a ser mucho más alto.

"Hay casos que no se notifican debido a la falta de confianza en el sistema de justicia o el temor a las represalias, y esto hace más difí­cil evaluar el verdadero número de "desapariciones" que se producen", ha manifestado Amnistí­a Internacional.

A la organización le preocupa que algunas de las medidas tomadas por las autoridades fallan por su base. Por ejemplo, si bien México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo hizo con una reserva que permití­a que algunos casos se juzgaran en tribunales militares. Esto va contra el espí­ritu de la Convención y las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos en el sentido de que las violaciones graves de derechos humanos, incluidas las "desapariciones", no pueden considerarse actos de servicio y deben ser juzgadas en tribunales civiles.

En cuanto a la fiscalí­a especial, Amnistí­a Internacional señaló que sólo podrá valorarse en función de su capacidad para lograr resultados concretos que cumplan las normas internacionales y para ganarse la confianza de las familias de las ví­ctimas. Hasta que esto se demuestre, seguirá habiendo graves dudas sobre su verdadera independencia, la calidad de sus investigaciones y la transparencia de sus decisiones.

El informe de Amnistí­a Internacional formula una serie de recomendaciones concretas a las autoridades mexicanas, entre ellas:

la introducción de legislación por la que se tipifique como delito punible con sanciones proporcionales a su gravedad, la "desaparición" a manos de todos los agentes del Estado, ya sean federales, estatales o municipales, o quienes actúan en su nombre, como marcan las normas internacionales;
la adopción de medidas urgentes para iniciar sin demora investigaciones exhaustivas sobre los nuevos casos que surjan, incluida la aparente complicidad de las autoridades en el encubrimiento de estos delitos, a fin de llevar ante la justicia a los responsables y garantizar que los familiares de las ví­ctimas obtienen una reparación adecuada;
la investigación y procesamiento ante tribunales civiles de todos los agentes del Estado implicados en "desapariciones", con independencia del tiempo que haya transcurrido desde que se cometió el delito;
la revisión de todas las prácticas policiales y militares de detención arbitraria que actualmente fomentan los casos de "desaparición".
"Sólo cuando el compromiso del gobierno para acabar con la impunidad y las"desapariciones" dé como resultado la verdad y la justicia para las ví­ctimas y sus familiares, y cuando se acabe con la práctica de esta grave violación de derechos humanos a manos de la policí­a y las fuerzas de seguridad, el gobierno habrá cumplido sus compromisos. Hasta entonces, Amnistí­a Internacional y otros continuarán documentando casos y pidiendo a las autoridades que cumplan con su obligación", concluyó la organización.