"El derecho a la vida, a la integridad fí­sica y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias", afirmó Nuria Garcí­a, investigadora para Perú de Amnistí­a Internacional.

Amnistí­a Internacional recordó que si bien las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar la ley y el orden, deben hacer un uso proporcional de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos.

Igualmente, la organización de derechos humanos hizo un llamado a los lí­deres de las organizaciones indí­genas para que enví­en una clara señal a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables.

"La situación alrededor de las protestas en la Amazoní­a sigue crí­tica y es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia", dijo Nuria Garcí­a.

"Es igualmente esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad de los hechos de los crí­menes cometidos, y llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quien sean."

Amnistí­a Internacional instó también a las autoridades a que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencia policiales y militares, y se garantice el derecho de todos los detenidos tanto a la vida e integridad fí­sica, como su derecho a la defensa.

La organización exhorto a las autoridades peruanas a garantizar que se consulta y se coopera de buena fe con los pueblos indí­genas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

Información complementaria
Durante más de 50 dí­as comunidades indí­genas en la Amazoní­a peruana se han movilizado en protesta por una seria de decretos ley sobre el uso de la tierra y de los recursos naturales en la selva amazónica dentro del marco del tratado de libre comercio entre Perú y los EE.UU. Dicha legislación no habrí­a sido consultada con las comunidades indí­genas, de acuerdo a las obligaciones del Estado peruano incluidas en la Convención 169 de la OIT. En respuesta a estas protestas, el 9 de mayo el gobierno declaró un estado de emergencia en la zona por un perí­odo de 60 dí­as.

El 5 de junio el desalojo por parte de efectivos de la Policí­a Nacional de grupos de las comunidades indí­genas que tení­an bloqueada la carretera de acceso a la ciudad de Bagua resultó en ví­ctimas mortales y numerosos heridos tanto entre la población civil como entre los efectivos policiales. A raí­z de estos hechos, Amnistí­a Internacional ha recibido informes sobre una escalada de uso de la violencia que incluirí­a tanto casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, como casos de secuestros y homicidios de policí­as por parte de miembros de comunidades indí­genas.

Varios lí­deres de las organizaciones indí­genas tienen cargos en su contra por rebelión, sedición y conspiración para una rebelión y contra la tranquilidad pública. Entre ellos se encuentra Alberto Pizango Chota, Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). El 6 de junio las autoridades dictaron orden de detención contra Alberto Pizango.