Una campaña que se complementa con la ruptura del diálogo social y la negativa a abordar las consecuencias de la crisis (ERE"™s, despidos, renta desempleados, etc.), así­ como el incumplimiento de los Acuerdos firmados y una permanente agresión a los servicios públicos y a quienes trabajan en ellos.

Una de sus acciones más vergonzosas fue el video realizado y publicado por el Gobierno regional donde se identificaba y se intentaba intimidar a trabajadores y trabajadoras, entre ellos una afilada y delegada de CCOO, del Hospital Puerta de Hierro que se manifestaban contra la polí­tica laboral de la Consejerí­a de Sanidad. Unas carencias que la Inspección de Trabajo en fechas recientes ha corroborado en todos sus términos. La denuncia presentada por CCOO por considerar que se atentaba contra la libertad sindical fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Social y su vista oral fijada para hoy.

El Consejo regional de CCOO denuncia que esta miserable campaña que ya se ha extendido a un intento de buscar episodios dudosos en la actividad sindical, trata de esparcir sospechas que tapen y diluyan las graves responsabilidades de corrupción y de prácticas ilegales contra la intimidad y seguridad de las personas que están siendo objeto de investigación judicial en la Comunidad de Madrid. Y en concreto, las que tienen como imputados a exconsejeros, diputados, alcaldes, concejales y altos cargos del PP, así­ como a empresarios de su confianza.

El Consejo Regional recuerda que los derechos sindicales no son un regalo de nadie. Han sido conseguidos por la lucha de los trabajadores, y están recogidos en la Constitución, en las Leyes Orgánicas y en los Acuerdos con las Patronales y con los Gobiernos, entre ellos con los sucesivos gobiernos que han gobernado la Comunidad de Madrid.

Y así­, la Constitución en su artí­culo 7 reconoce y responsabiliza a los sindicatos de defender los intereses económicos y sociales de los trabajadores; el 28 establece la libertad sindical; y el 37 garantiza el derecho a la negociación colectiva. Y junto a esto, el artí­culo 9, obliga a los poderes públicos, entre ellos al Gobierno regional, a remover los obstáculos que impiden la libertad y la participación de los individuos y los grupos, no a perseguir e impedir la libertad y la acción sindical.

La legitimidad y la legalidad de los liberados sindicales en el Estado Social y Democrático de Derecho Español, es la misma que la de los cargos públicos, concejales y diputados entre otros. Y sus funciones y recursos para hacerlas posibles están recogidas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, en el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público

Este Consejo manifiesta que en esta Comunidad se esta conculcando el Artí­culo 1.1 del Convenio 98 de la OIT. "Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo". Y es que los derechos sindicales tienen como objetivo proporcionar los medios necesarios a los trabajadores para la defensa de sus intereses. Intimidar y promover el linchamiento social de sus representantes, utilizando el poder polí­tico cuando reclaman reivindicaciones laborales, es cuando menos una actuación del Gobierno regional que recuerda a la Patronal del viejo régimen con una conducta antisindical y antidemocrática.

Las organizaciones sindicales, en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas por el artí­culo 7 de la Constitución, vienen exigiendo, entre otras cosas, al Gobierno regional que ponga fin a su polí­tica de desmantelamiento de lo público, los procesos de privatizaciones injustificados, opacos y ausentes de control público, las polí­ticas fiscales que despilfarran el presupuesto público a favor de las rentas altas y ahogan las finanzas públicas, etc. Y, sobre todo, rectifique en su negativa permanente al Dialogo Social, a pesar de la gravedad de la crisis en la Comunidad de Madrid. Y estas son las tareas de los 17.352 delegados y delegadas de CCOO que representan al 42,4% de los trabajadores de la región, elegidos en las últimas elecciones sindicales.

Por todo ello, el Consejo Regional de CCOO de Madrid acuerda lo siguiente:

1. Utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para hacer cumplir la Constitución y las Leyes que protegen la libertad sindical en la Comunidad de Madrid

2. Exigir al Gobierno regional, al PP madrileño y a los medios que lo sostienen que pongan fin a la campaña de intimidación y desprestigio social de los delegados sindicales.

3. Emplazar a la Patronal madrileña, CEIM, y a la Administraciones Públicas a retomar e impulsar el Dialogo Social para hacer frente a la crisis, empezando por la protección de los trabajadores que pierden el empleo y por el fortalecimiento de las empresas para detener la sangrí­a de destrucción de empleo.