Desde Mayo de 2001, en que se conoció el segundo borrador del Anteproyecto de la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico), Kriptópolis ha mantenido activa una Campaña contra la aprobación de esa ley, por entender que es innecesaria y contraproducente para el desarrollo de Internet en España, además de inconstitucional, tanto por su empeño por controlar el suministro de información (afectando por ello seriamente a la libertad de expresión en la Red) como por introducir graves riesgos para intimidad de los internautas españoles (a quienes convierte en presuntos culpables).

Lamentablemente, la abrumadora mayorí­a del partido en el gobierno en las instituciones parlamentarias, ha permitido a éste seguir hurtando a la sociedad un debate profundo sobre esta ley, desechando la inmensa mayorí­a de los centenares de enmiendas presentadas en las dos cámaras legislativas. Como colofón del largo diálogo de sordos que ha representado este proceso, la LSSICE ha sido aprobada definitivamente en el Congreso el 27 de junio de 2002, previéndose su entrada en vigor tras un perí­odo de tres meses.

A partir de este momento, nuestro ordenamiento jurí­dico determina que sólo los magistrados del Tribunal Constitucional pueden parar este atropello a nuestros derechos más fundamentales, a aquellos que nos corresponden como internautas y -sobre todo- como ciudadanos. Pero para lograr que los magistrados se pronuncien al respecto es necesario que así­ lo soliciten 50 diputados, 50 senadores, el presidente del gobierno, el Defensor del Pueblo o los Órganos Ejecutivos o legislativos de las CC.AA.

Kriptópolis quiere facilitar a los internautas el ejercicio de su derecho a solicitar de estas personas y organismos la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la LSSI. Con este fin, hemos puesto en marcha esta campaña, que se inicia el 1 de julio y finalizará el dí­a 15 del mismo mes.

Solicitamos por tanto a todos nuestros lectores (e internautas en general) que enví­en nuestros mensajes preformados de correo electrónico (sólo uno por persona a cada destinatario) a los destinatarios que hemos seleccionado (lí­der de la oposición, defensor del pueblo y responsables de las comunidades autónomas), así­ como que promuevan entre sus contactos la participación en esta campaña mediante el enví­o de los correos electrónicos correspondientes.