En los juzgados de Ponferrada se está dando un caso un tanto insólito. Los juzgados 6 y 4 de Ponferrada se niegan a llevar a cabo la investigación sobre hechos acaecidos que terminaron con la muerte de tres hombres que fueron exhumados de una fosa común en la localidad leonesa de Toral de Merayo, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

Se trata de una fosa cuya causa fue remitida por el juez Baltasar Garzón a los juzgados ponferradinos, por encontrarse entre las que formaron parte de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional acerca de los crí­menes de la dictadura franquista.

La denuncia fue presentada por un representante de la ARMH cuando aparecieron los primeros restos en la fosa, con evidentes signos de violencia, en la que se encontraron tres hombres. En aquellos momentos estaba de guardia el juzgado número 4 y el Decanato trasladó la denuncia al número 6 que emitió una diligencia explicando por qué no considera que sea de su competencia.

En su escrito el juzgado número 6 de se asegura que: "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que de conformidad con el artí­culo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede incoar Diligencias Previas""¦

Pero ese mismo juzgado que considera que podrí­an darse evidencias para llevar a cabo una instrucción cuestiona la decisión del Decanato y argumenta que deberí­a ser el juzgado número 4 el competente.

Nadie quiere juzgar a Franco en Ponferrada
La ARMH presentará una reclamación a través del servicio de atención al ciudadano ante el Consejo General del Poder Judicial, con el fin de que se resuelva la cuestión de que juzgado debe llevar a cabo las diligencias y se cumpla con uno de los principios fundamentales del derecho humanitario que es la rapidez en la instrucción para evitar sufrimientos innecesarios a los familiares de los desaparecidos.

Mañana se exhuma otra fosa "de las de Garzón"
La ARMH inicia mañana las labores de exhumación de una fosa común en la localidad berciana de Santalla. En ella, según los testimonios recogidos, podrí­an encontrarse los cuerpos de cinco hombres asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 24 de septiembre de 1936. Se trata de otra de las exhumaciones que forman parte del sumario remitido por el juez Baltasar Garzón al juzgado de Ponferrada. Si aparecen restos la ARMH llevará a cabo la pertinente denuncia en espera de alguna intervención judicial y que se aplique el artí­culo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
Artí­culo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: La instrucción tuviere lugar por causas de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación, hecha la descripción ordenada en el artí­culo 335, se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento-".