En segundo lugar, el STEC-IC solicita a la Consejerí­a que se inicie un proceso de regulación unificada de la normativa referida a los comedores escolares, pues en el momento actual esta reglamentación se encuentra dispersa en distintos decretos, lo cual dificulta su gestión en los centros. En esta nueva normativa es imprescindible el compromiso de la Consejerí­a de considerar el servicio del Comedor como un espacio educativo de calidad, donde el alumnado, además de comer, pueda desarrollar hábitos saludables, prácticas correctas de alimentación, de comportamiento, de relaciones interpersonales y de colaboración y responsabilidad. Esto pasa ineludiblemente por la dignificación y formación del personal laboral y por la rebaja de las ratios alumnado/auxiliar de comedor. La actuales ratios de 35 niños y niñas de Primaria y 25 niños y niñas de Infantil impiden una atención educativa de calidad.

En tercer lugar, en referencia a la Orden publicada, el STEC-IC quiere denunciar la falta de sensibilidad de esta Consejerí­a, con las familias canarias que están sufriendo las consecuencias de una crisis económica. La función compensadora de la educación, recogida en la LOE y asumida por el Presidente del Gobierno de Canarias en el último discurso del Estado de la nacionalidad, debe tener en el servicio de comedor escolar uno de sus ámbitos de aplicación. En consecuencia, se echa en falta en esta Orden el compromiso de la Consejerí­a de Educación para ampliar la oferta de comedores. Todo centro educativo, y más en unos momentos como los actuales, debe contar con el número de plazas de comedor que el alumnado del mismo necesite; así­ como contemplar en la asignación de las cuotas de comedor la situación económica actual de las familias, ampliando el número de comensales que puedan comer gratuitamente, dada la situación de emergencia social a la que está conduciendo la crisis económica en este momento, que está revirtiendo en un mayor número de solicitudes de gratuidad en los centros, para las que los Consejos Escolares no disponen de medios para atender.

Pero, muy al contrario hemos de denunciar:

* Que, por los datos que disponemos de los centros, el número de plazas de comensales ha sido congelada, no admitiendo ni tan siquiera las previsiones de aumento formuladas por las direcciones de los centros educativos. Es más, la Consejerí­a de Educación continúa con la polí­tica desarrollada en los últimos años, en la que el aumento del número de alumnado comensal solicitado por las direcciones de los centros se admite, pidiendo por escrito la aceptación de la renuncia a contar con aumento en la dotación de personal de la Consejerí­a de Educación para cubrir el servicio.

* Que esta Orden prima en exceso, tanto para la adjudicación de plazas como para la asignación de cuotas, las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, acreditadas con certificados de empresas, sobre la realidad socio económica de las familias. De esta forma, se potencia un comedor "para los que puedan pagar la cuota máxima", dejando fuera los trabajos realizados en la economí­a sumergida, que la situación actual de crisis promueve (sobre todo en el caso del empleo femenino) y a todas aquellas personas (la mayorí­a mujeres) que tienen personas dependientes a su cargo.

* Que la renta anual solicitada por la Administración y manejada por los Consejos Escolares, a partir de la cual se establecen las cuotas de comedor, es la del 2007, que, evidentemente, en muchos casos, no refleja la situación económica actual de las familias.

* Que mientras no se abren comedores en los centros de secundaria, tampoco se permite que el alumnado de esta etapa acceda de forma regular, tal como lo han solicitado muchos equipos directivos y AMPAs, al comedor del centro de Primaria del cual proceden. Desde que pasan a Primero de Secundaria, en la práctica, pierden el derecho a este Servicio.

* Por último, en el caso de que de forma excepcional, se permita adscribir a alumnado de otros centros sin comedor, no se contempla que en estos casos no voluntarios de traslado los gastos del transporte corran a cargo de la Consejerí­a, y no de los representantes legales del alumnado; es decir, no se les permite usar el transporte escolar.