El informe de Amnistí­a Internacional, Justice Denied: Harassment of Sichuan earthquake survivors and activists, documenta casos de progenitores y familiares que han pasado hasta 21 dí­as bajo custodia por tratar de obtener de las autoridades respuestas sobre por qué murieron sus hijos. A algunos los han detenido en varias ocasiones, y el detenido más joven sólo tení­a ocho años.

"Al encerrar ilegalmente a los progenitores de los niños y niñas muertos, el gobierno está sometiendo a una desdicha aún mayor a unas personas que en algunos casos aseguran haberlo perdido todo en el terremoto de Sichuan", ha manifestado Roseann Rife, directora adjunta del Programa para Asia y Oceaní­a de Amnistí­a Internacional. "El gobierno de China debe dejar de acosar a los supervivientes del terremoto que buscan respuestas y tratan de recoger los pedazos de sus vidas destrozadas."

El informe de Amnistí­a Internacional ha concluido que en algunos casos las autoridades han impedido a progenitores y familiares denunciar ante autoridades de altas instancias la calidad de los edificios que se vinieron abajo en el terremoto, y muchos de estos progenitores han sido sometidos a detención arbitraria o vigilancia ilegal para impedirles buscar soluciones legales.

Algunos activistas que ofrecieron ayuda y algunos representantes de los progenitores se enfrentan a juicios de motivación polí­tica por delitos vagamente definidos relativos a la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público.

Las autoridades también les han denegado el acceso a los tribunales para determinar quién es el responsable del derrumbe de las escuelas y la muerte de sus hijos e hijas. En una directiva emitida por el tribunal provincial de Sichuan se prohí­be a todos los tribunales inferiores, hasta que los departamentos correspondientes den nuevas instrucciones, aceptar casos considerados delicados, incluidas las disputas por la indemnización por lesiones personales o daños a la propiedad causados por el derrumbe de los edificios y las disputas por las indemnizaciones de las compañí­as de seguros.

"El coste humano del terremoto de Sichuan fue incalculable, pero las autoridades deben hacer cuanto esté en su mano para proteger los derechos de los supervivientes y poner fin a las detenciones ilegales, así­ como para permitir que los abogados y la sociedad civil desempeñen su importante función de rendición de cuentas", ha manifestado Roseann Rife.

Amnistí­a Internacional pide a las autoridades chinas que emprendan acciones inmediatas para garantizar que el sistema de justicia trabaja para los progenitores y los supervivientes, permitiéndoles acceder sin trabas a tribunales independientes e imparciales y a los abogados y activistas que han ofrecido su ayuda.

El informe Justice denied: Harassment of Sichuan earthquake survivors and activists incluye entrevistas con progenitores de niños y niñas muertos durante el terremoto, abogados, expertos en leyes, intelectuales y activistas que defienden sus derechos, así­ como traducciones de las circulares emitidas por el Tribunal Superior Popular de Sichuan en las que se dan instrucciones a los tribunales inferiores para que no acepten casos relacionados con el terremoto que se consideren delicados.