El STEC-IC denuncia que, a pesar de las múltiples solicitudes y requerimientos que hemos realizado a la Consejerí­a, a través de nuestros Delegados y Delegadas de Prevención en los Comités de Seguridad y Salud Laboral, la Administración no facilita información sobre cifras reales de las bajas médicas, así­ como de las causas que las producen, negándosenos el derecho que tenemos de conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo para analizar los daños que se producen en la salud o en la integridad fí­sica de los/as docentes, y poder así­, en el ejercicio de nuestra competencia, proponer como representantes sindicales las medidas preventivas oportunas.

Este modo de proceder, como es habitual y de forma reiterada, pone de manifiesto la poca importancia que esta Consejerí­a da a las condiciones de trabajo de su personal docente. Son muchos los casos en que las bajas médicas vienen producidas por el ejercicio de la profesión docente y los riesgos que ello conlleva: problemas de la voz, estrés, hipertensión, depresiones, dolores de espalda, cuello y extremidades. Se une a esto también la concentración en los centros docentes de toda la problemática social (familias desestructuradas, exclusión social, pobreza...) a la cual no podemos dar toda la respuesta que queremos, ya que no contamos con los medios económicos, humanos y de organización del trabajo necesarios, consecuencia clara de la polí­tica de recortes de la Consejerí­a de Educación, provocando todo esto más sobrecarga emocional en los/as docentes.

Una vez más, el STEC-Intersindical Canaria denuncia la falta de voluntad polí­tica e ineficacia para cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es de vergí¼enza que en vez de realizar las evaluaciones de los puestos de trabajo de todos/as los/as docentes, de garantizar la vigilancia de la salud periódica en función de los riesgos inherentes al trabajo, de dar la formación e información en materia preventiva para no enfermar y de favorecer la participación de los/as representantes sindicales en materia de salud laboral, la Consejerí­a de Educación se dedique a perseguir a sus trabajadores/as y hacer campaña de desprestigio ante la sociedad canaria.