Aunque algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto que dura más de 40 años como los secuestros y la toma de rehenes han mejorado en los últimos años, otros como los relativos a las personas desplazadas internamente siguen deteriorándose. Además, el conflicto armado sigue afectando a cientos de miles de personas, especialmente a las pertenecientes a comunidades indí­genas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes en conflicto. Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario generalizados y sistemáticos. El í­ndice aún elevado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad continúa suscitando honda preocupación, al igual que los homicidios ininterrumpidos de defensores y defensoras de derechos humanos y de sindicalistas, que también siguen recibiendo amenazas. Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del gobierno. Aunque han habido algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos clave de derechos humanos, la impunidad continúa siendo un problema grave.

El gobierno español no puede ignorar esta realidad en sus relaciones bilaterales con el gobierno colombiano. Aunque el Acuerdo de Asociación Estratégica con Colombia firmado en enero de 2008 prevé un mecanismo de derechos humanos bilateral, un año y medio después, éste sigue sin estar establecido. Amnistí­a Internacional cree que ya sea a través del mecanismo como de cualquier otro instrumento, el gobierno español debe plantear una agenda de derechos humanos basada en las recomendaciones que año tras año formula la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos internacionales y los compromisos asumidos por el gobierno colombiano en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Amnistí­a Internacional también insta al gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las fuerzas armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de estos organismos internacionales de modo que no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia. Según las últimas estadí­sticas oficiales de comercio de exterior de armas españolas, en el primer semestre de 2008, el gobierno español autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros de la categorí­a "aeronaves".

Para Amnistí­a Internacional los temas a abordar en este nuevo encuentro con el Presidente Uribe y en sus relaciones bilaterales en general son los siguientes:

Preocupaciones de Amnistí­a Internacional sobre Colombia

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados
Los grupos paramilitares "“actuando a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad"“ han sido los autores de la mayorí­a de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. Así­ en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles. Sin embargo, en las estadí­sticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que han aumentado considerablemente en los últimos años. Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron ví­ctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición.

El gobierno de Colombia adoptó algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de una veintena de oficiales del ejército tras revelarse que habí­an sido responsables de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha. Sin embargo, es imprescindible que todas estas denuncias sean objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil, procesando a los responsables.

Además, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay 4 millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indí­genas, comunidades afrodescendientes, mujeres y niños y niñas.

Hostigamiento y amenazas a defensores y defensoras de derechos humanos
Amnistí­a Internacional ha mostrado su preocupación por el mantenimiento de las amenazas de muerte contra sindicalistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Además, AI sigue preocupada por la calificación de autoridades colombianas como "afí­n a la guerrilla" de periodistas. El gobierno colombiano "“incluido el propio presidente Uribe, debe abstenerse de realizar declaraciones que cuestionen la legitimidad del trabajo por los derechos humanos. Además, debe emprender medidas eficaces para poner fin a la impunidad de los abusos contra los defensores y defensoras y apoyar un Plan de Acción sobre Derechos Humanos tras un amplio proceso de consultas nacional.

En diciembre de 2008, Edwin Legarda resultó herido de muerte por disparos de las fuerzas de seguridad mientras viajaba al sur del paí­s para recoger a su esposa, Aí­da Quilcué, lí­der de la organización indí­gena Consejo Regional Indí­gena del Cauca (CRIC). Aí­da Quilcué regresaba de Ginebra, donde habí­a asistido a la sesión de Examen Periódico Universal de Colombia del Consejo de Derechos Humanos, ante la cual habí­a manifestado públicamente varios motivos de preocupación en relación con violaciones de derechos humanos contra los indí­genas, incluidos homicidios a manos de las fuerzas de seguridad.

El gobierno español debe instar a las autoridades colombianas a que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre este homicidio e incluir en el mecanismo de derechos humanos con Colombia medidas concretas para la protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos en el paí­s. Hasta que estas investigaciones no se produzcan, seguirán existiendo dudas sobre si el vehí­culo en el que viajaba Edwin Legarda fue alcanzado deliberadamente y si la persona contra la que se dirigí­an las balas era en realidad Aí­da Quilcué.

"Ley de ví­ctimas"
El gobierno español debe abordar con las autoridades colombianas la ley sobre "medidas de protección a las ví­ctimas de la violencia", que actualmente se debate en el Congreso, e instarles a que la normativa sea acorde a la legislación internacional. Esta ley no debe hacer distinción alguna entre ví­ctimas por parte de acciones de grupos paramilitares, grupos guerrilleros o fuerzas de seguridad a la hora de ser reparadas. Tampoco puede negar la indemnización a futuras ví­ctimas del conflicto y a ví­ctimas de violaciones a manos de agentes del Estado que no pertenezcan a las fuerzas de seguridad. Y debe contemplar la restitución de tierras robadas durante este conflicto.

Proceso de desmovilización
La organización ha recordado también que los grupos paramilitares siguen cometiendo abusos de derechos humanos debido en parte a un proceso de desmovilización y un marco legal que no se ajusta a las normas internacionales. Tanto es así­ que aproximadamente el 90% de los paramilitares desmovilizados se han beneficiado de amnistí­as de facto. Además, desde que comenzaron a declarar ante las unidades de Justicia y Paz previstas por la Ley, al menos 15 personas relacionadas con el proceso fueron ví­ctimas de homicidio y alrededor de 200 personas más recibieron amenazas.

Muchos paramilitares no están colaborando plenamente con los tribunales de Justicia y Paz al no devolver los millones de hectáreas de tierras de los que se apropiaron indebidamente, lo que menoscaba el derecho de las ví­ctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Amnistí­a Internacional insiste en su petición al Gobierno español para que se abstenga de dar apoyo polí­tico a proyectos llevados a cabo dentro del marco del proceso de Justicia y Paz que podrí­an agravar la impunidad en Colombia.

Además, Amnistí­a Internacional ha mostrado su preocupación por el hecho de que grupos paramilitares siguen operando en el paí­s, por lo que la organización pide al gobierno colombiano que garantice la disolución y el desarme efectivos de los grupos paramilitares y el enjuiciamiento de aquellos contra quienes existan pruebas de haber cometido violaciones de derechos humanos.

Abusos cometidos por la guerrilla colombiana
Los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes. Amnistí­a Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares. La organización también ve con preocupación los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las FARC.

AI ha acogido con satisfacción las últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la liberación urgente e incondicional de todas las personas secuestradas. Aún así­, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad. Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad de facto a presuntos autores de graves abusos contra los derechos humanos. Ante estos delitos, Amnistí­a Internacional se opone a las amnistí­as, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las ví­ctimas y sus familiares.