El informe titulado Stranded: Refugees in Turkey denied protection, trata de los obstáculos que encuentran en Turquí­a desde el momento en que entran en territorio turco las personas que llegan en su mayor parte huyendo de persecución en sus propios paí­ses.

"Los riesgos que están dispuestas a correr las personas que intentan llegar a Turquí­a son muestra de su desesperación "“ha manifestado Andrew Gardner, experto de Amnistí­a Internacional en Turquí­a-. No obstante, el paí­s aplica un doble rasero y se niega a reconocerlas como refugiados."

Turquí­a es el único Estado signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que no reconoce, en la práctica, a los ciudadanos de paí­ses no pertenecientes al Consejo de Europa. Debido a ello, a un número creciente de personas que necesitan protección internacional, se les niega ésta.

En Turquí­a, el organismo de la ONU para los refugiados, el ACNUR se ocupa de determinar la condición de refugiado y facilita el reasentamiento en terceros paí­ses de algunas de las personas a las que se reconoce como tales.

Según datos oficiales, mientras que en 2006 el ACNUR recibió 4.550 nuevas solicitudes de asilo de paí­ses no europeos, la cifra ascendió a 12.980 en 2008. La mayorí­a de estas personas procedí­an de Irán, Irak, Afganistán y Somalia. Mientras tanto, es posible que en Turquí­a hubiera millares de personas más en situación irregular, aunque no se dispone de cifras fiables.

En Turquí­a, los solicitantes de asilo sufren graves restricciones de acceso a la salud, a una vivienda adecuada y al trabajo, lo que constituye una violación de las obligaciones contraí­das por el paí­s en virtud del derecho internacional.

Los casos expuestos en el informe de Amnistí­a Internacional demuestran la falta de respeto del derecho internacional por parte del gobierno, que insiste en devolver a personas a paí­ses donde están expuestas a sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

En abril de 2008, Amnistí­a Internacional fue informada del caso una familia iraquí­ que habí­a huido de Bagdad y estaba detenida en el sur de Turquí­a. Sin embargo, la policí­a se negaba a admitir que la familia se hallara bajo custodia y le negó la oportunidad de solicitar asilo, a pesar de haber pedido el ACNUR que se le permitiera hacerlo. Aunque se temí­a por su vida allí­, la familia fue devuelta a Irak.

"Las autoridades turcas violan continuamente los derechos de los solicitantes de asilo desde el momento en que intentan entrar en el paí­s "“ha señalado Andrew Gardner-. Las violaciones continúan durante la tramitación de sus solicitudes y después de habérseles reconocido la condición de refugiados."

Es frecuente recluir a los solicitantes de asilo durante largos periodos en duras condiciones, sin alimentos suficientes ni una justificación clara de su detención. Pueden ser expulsados sin el debido procedimiento jurí­dico y devueltos a paí­ses donde están expuestos a perder la vida.

Una persona de nacionalidad afgana explicó así­, a Amnistí­a Internacional, el trato que habí­a recibido bajo custodia policial en el oeste de Turquí­a: "Si nos les dábamos dinero, nos golpeaban. Utilizaban nuestro dinero para enviarnos de regreso a Afganistán".

En abril de 2008, un grupo de 18 personas se vieron obligadas a cruzar a nado el rí­o Tigris, que separa Turquí­a de Irak, al negarse las autoridades iraquí­es a admitirlas de nuevo en su territorio. Cuatro de ellas se ahogaron.

En septiembre de 2008, funcionarios de seguridad turcos obligaron a 24 refugiados uzbekos, 15 de ellos niños y niñas a entrar en territorio iraní­. Al parecer, durante la expulsión golpearon a algunos de ellos y amenazaron con violar a las mujeres y las niñas. En Irán, un grupo cuyo nombre se ignora tomó a los uzbecos como rehenes y amenazó con matarlos. Quedaron en libertad a cambio de 5.000 dólares de rescate y fueron devueltos a Turquí­a de manera irregular. En octubre, volvieron a ser expulsados a Irán. Según información proporcionada por activistas de los derechos humanos, viví­an en lo alto de las montañas cerca de la frontera, pues las autoridades iraní­es se habí­an negado a admitirlos y los niñas y niñas sufrí­an los efectos del hambre.

Amnistí­a Internacional pide a las autoridades turcas que elaboren las leyes necesarias para aplicar un procedimiento interno de asilo justo. De este modo, se garantizará que a todas las personas que necesitan protección internacional se les reconoce y concede, y que se respetan plenamente los derechos de los solicitantes de asilo y los refugiados.