El Instituto de Empresas es una gran empresa privada dedicada a la educación universitaria superior. Como ellos mismos reconocen su objetivo “la formación de la elite empresarial con enfoque global”. A esta institución educativa sólo pueden acceder los hijos de las clases más acomodadas, únicos que pueden pagar el precio de los masters que oscila entre los 60.000 y 30.000 euros. Una estrategia sencilla para que el hijo del obrero no vaya a la universidad y que tan bien han interiorizado los promotores del llamado “Proceso de Bolonia”.

El fundador y presidente de Instituto de Empresa, S.L es Diego Del Alcázar, que es accionista a su vez de otras empresas como Aguas de Mondariz, Balneario de Mondariz, Publicidad Gisbert, Group Gaceta and Thomil y Ono. En julio de 2007, Diego Del Alcázar fue nombrado presidente del Grupo Vocento, cuya “joya de la corona” es el diario ABC, que en estos dí­as está sufriendo un Expediente de Regulación de Empleo por el que se ha despedido a la mitad de su plantilla.

Si ya fue indignante el antecedente de Antonio Gutierrez que pasó de la misma secretarí­a a ser diputado del PSOE, su predecesor ha roto todos los esquemas. En caso único en la historia, Jose Marí­a Fidalgo ha pasado de ser Secretario General de un sindicato de raí­ces comunistas y antifranquistas como CCOO a estar al servicio de uno de los empresarios más influyentes de este paí­s formando y asesorando al empresariado en el arte de la negociación colectiva.

Estos dos casos deberí­an forzar a una profunda reflexión en el sindicalismo, interesa a todos los trabajadores que sus representantes no estén en manos de quienes tienen un interés contrapuesto a ellos: el capital. Si Fidalgo hubiera defendido con uñas y dientes a la clase trabajadora el empresariado no lo podrí­a ni ver. Si le ofrecen este suculento trabajo es, sin duda, en remuneración a los servicios prestados.

Las actuales limitaciones en la duración de cargos en CCOO sólo sirve para que los profesionales del sindicalismo vayan saltando de un puesto a otro, dedicándose durante sus mandatos a maquinar para obtener un puesto mejor al anterior. No estarí­a de más, al igual que hacen las grandes empresas con sus ejecutivos, que durante un tiempo después de su cese no pudiesen aceptar empleo con otra empresa de la competencia. De este modo, ningún sindicalista deberí­a poder trabajar para el empresariado hasta que hubiese pasado un tiempo prudencial desde el cese de sus responsabilidades sindicales.

Tampoco estarí­a de más reformar los estatutos de las organizaciones sindicales que establecen una limitación de los mandatos, fijándose no tanto a la duración de los cargos sino al tiempo en que un sindicalista puede vivir del sueldo del sindicato sin pisar un centro de trabajo. El asesor y ejecutivo de la patronal Jose Marí­a Fidalgo es el fruto de un modo de hacer sindicalismo que ha fracasado. Es el momento de buscar alternativas a CCOO y UGT antes de que los trabajadores perdamos más conquistas sociales. Fue muy difí­cil conquistar los derechos de los trabajadores, pero perderlos está siendo demasiado fácil.