Al igual que ha ocurrido en el Ministerio de Educación, dónde la estructura ministerial ha "perdido" Polí­tica Social y ha "ganado" universidades, dando un giro de 180ª a la estructura diseñada hace un año y haciendo efectivo lo de que "es de sabios rectificar", es hora de que cambien muchas cosas en aplicación de una polí­tica que emana de un gobierno socialista.

El nuevo gobierno debe empezar su andadura con un claro rechazo a la privatización de servicios públicos que se está dando tanto en la estructura de la administración central como en la de las autonómicas y municipales, y debe hacerlo desde la potenciación y subvención del desarrollo de los servios de carácter público por parte de las distintas administraciones territoriales..

Al mismo tiempo, y una vez que el propio gobierno ha llegado a explicitado quee el sistema financiero debe seguir funcionando aunque sea con dinero público, debe crearse una auténtica banca pública para que la gestión del dinero de las administraciones públicas y el de aquella parte de la ciudadaní­a que así­ lo prefiera, sea gestionado desde el ámbito público.

Para luchar contra la crisis desde el sector público, hay que crear empleo público, desarrollando entre otros campos, la abandonada ley de dependencia, la extensión del tramo educativo 0-3 años desde las administraciones públicas en todas las ciudades y pueblos del Estado, el desarrollo de obras públicas, la dotación de personal a la administración de justicia, la puesta en marcha de un plan ferroviario que haga de este tipo de trasporte mucho más que el AVE... Al mismo tiempo debe producirse una reestructuración en el pago de impuesto, haciendo que paguen más los que más tienen y que vuelvan a implantarse determinados impuestos que sólo benefician a las personas más ricas de la sociedad.

Sólo un cambio de polí­ticas sociales y económicas por parte del nuevo gobierno hará que éste sea creí­ble y que la ciudadaní­a vea en estos cambios un verdadero impulso para que se pueda superar la crisis y que los costes de la misma no los paguen las trabajadoras y los trabajadores que no la han causado.