Lima.- La condena contra el ex presidente Alberto Fujimori marca un hito fundamental en la lucha contra la impunidad en Perú y demuestra que nadie está exento de rendir cuentas.

"Ahora es imperativo que todos los responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas en Perú, incluyendo aquellas perpetradas antes del gobierno de Alberto Fujimori, enfrenten los tribunales de justicia," asegura Javier Zúñiga. "La desaparición forzada, la tortura y la violación son crí­menes que no están sujetos a prescripción cuando se cometen de manera generalizada, como ocurrió en el Perú."

La declaración siguió a la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema del Perú en la investigación de los casos Barrios Altos -donde 15 hombres, mujeres y niños fueron ejecutados extrajudicialmente en 1991-, La Cantuta -donde 9 estudiantes y un profesor universitario fueron secuestrados y posteriormente ejecutados en 1992 por integrantes del grupo Colina, una fuerza paramilitar del Ejército del Perú-, y Sótanos SIE -donde dos personas fueron secuestradas-. La sentencia, adoptada por unanimidad de los tres miembros de la Sala, concluyó que el ex presidente Alberto Fujimori tuvo responsabilidad penal individual en los tres casos ya que tuvo el mando militar efectivo de quienes cometieron materialmente los crí­menes.

Información General
Amnistí­a Internacional ha seguido con especial atención el proceso judicial contra Alberto Fujimori, a través de observadores locales e internacionales. Desde el inicio del proceso, AI se ha reunido con la Sala Penal, el Fiscal, los abogados de la parte civil y el abogado del acusado. Hasta hoy, la organización no ha recibido información de ninguna de las partes del proceso que pudiera sugerir que el mismo no se ha desenvuelto de manera independiente o imparcial.

Además, Amnistí­a Internacional ha constatado fehacientemente que durante el Gobierno de Alberto Fujimori se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crí­menes de derecho internacional "“tales como la tortura, el homicidio y la desaparición forzada- que, dado su carácter generalizado y sistemático, constituyeron crí­menes de lesa humanidad. La organización también ha constatado de igual modo que antes de 1990 las violaciones a los derechos humanos tuvieron un carácter generalizado y sistemático.

La sentencia dictada hoy puede ser apelada por la defensa y por la acusación fiscal.

Una delegación de Amnistí­a Internacional conformada por Javier Zúñiga, Asesor Especial y Hugo Relva, Consejero Legal, ha viajado a Lima para observar la sentencia en el juicio a Alberto Fujimori.