Aun reconociendo la importancia de los incipientes avances logrados en Uruguay y "“en distinta medida"“ en otros paí­ses del Cono Sur, Amnistí­a Internacional exhorta a todos los Estados de la región a cumplir con su obligación de investigar todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado y a llevar a los responsables de tales hechos ante la justicia.

Uno de los mayores obstáculos para este fin lo constituyen las leyes de amnistí­a que aún se encuentran en vigencia en diferentes Estados, como Brasil, Uruguay y Chile. Amnistí­a Internacional recuerda una vez más que toda amnistí­a, o medida de naturaleza similar, concedida a individuos presuntamente responsables de crí­menes de derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos infringe las obligaciones contraí­das por los Estados en virtud del derecho internacional. Tales leyes deben ser derogadas y privadas de todo efecto jurí­dico, incluyendo aquellos que ya hubieran tenido lugar.Además, Amnistí­a Internacional cree que, como la Operación Cóndor sólo pudo llevarse a cabo a través de la cooperación entre agencias de diferentes Estados de la región, la cooperación entre los mismos Estados es necesaria para que las investigaciones sobre estos acontecimientos sean realmente exhaustivas y eficaces, para que los acusados sean "“si fuera el caso"“ extraditados, y para que los procesos judiciales logren dilucidar las responsabilidades penales, establecer la verdad de los hechos y proveer las reparaciones del caso.

En este sentido, Amnistí­a Internacional nota con interés el hecho de que, en el marco de la XV Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerí­as del MERCOSUR (RAADDHH) en Asunción, Paraguay, del 1 al 3 de abril 2009, se esté estudiando una propuesta para crear un Grupo de Trabajo sobre la Operación Cóndor, dentro del Grupo de Trabajo Memoria, Verdad y Justicia de la RAADDHH, a discutirse el 2 de abril. La creación de dicho mecanismo podrí­a constituir una oportunidad valiosa para que finalmente se investiguen las responsabilidades polí­ticas "“incluyendo toda la cadena de mandos"“ detrás de la Operación Cóndor, habida cuenta de que el plan fue llevado a cabo con la cooperación de las más altas autoridades gubernamentales de los estados involucrados.

Amnistí­a Internacional exhorta a que se investigue a todos los que planearon, participaron o consintieron que tal Operación tuviera lugar, cualquiera que haya sido el cargo oficial que los presuntos responsables hubieran podido ostentar en el pasado. Información generalLa Operación Cóndor fue la coordinación entre los gobiernos militares del Cono Sur "“Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay"“ para eliminar a sus "opositores" en los años 70 y 80.

Este plan conllevó ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de miles de personas, entre otras graves violaciones de derechos humanos. Los responsables de muchos de estos abusos aún no han sido identificados ni han comparecido ante la justicia. Ni las ví­ctimas ni los sobrevivientes ni los familiares han visto respetado su derecho a conocer la verdad y a obtener reparaciones.