La cumbre del G-20 -que consideramos totalmente ilegí­timo por excluir más de 170 paí­ses- ha sido un intento desesperado del poder polí­tico internacional de regular la economí­a financiera especulativa, que llevó al abismo la economí­a del mercado y probó la incapacidad de auto-regulación, para mantener el sistema capitalista. Aunque el G-20 no lo reconozca, se demuestra que el movimiento antiglobalización ha tenido razón con sus advertencias de los peligros asociados a la especulación financiera y la desregulación salvaje. El G20 asumió -de forma parcial y claramente insuficiente, pero con los principales centro del poder en la mesa- nuestros reclamos de cerrar los paraí­sos fiscales, así­ como de regular la "banca en la sombra" y los fondos de alto riesgo, entre otras. No obstante lamentamos que medidas urgentes a corto plazo, como prohibir la especulación con las materias primas y los alimentos, no fueron adoptadas.

Ecologistas en Acción hace una valoración muy negativa de la declaración del G-20 en Londres, porque no busca soluciones a los problemas reales que afectan a la sociedad global, como el hambre, el cambio climático, las guerras y el agotamiento de los recursos naturales, entre ellos el petróleo. En cambio sigue socializando las pérdidas del capital privado, inyectando dinero público en el sistema financiero y productivo capitalista, garantizando el beneficio privado y convirtiendo el interés comercial en "interés público". No menciona ni una sola vez las palabras "derechos humanos" y "paz", mientras se decide el aumento de las tropas para la guerra en Afganistán -que a diario cobra ví­ctima civiles- y se incrementan los gastos militares en detrimento de los derechos sociales.

A pesar que el G-20 diga que va a "solucionar" la crisis económica global, restableciendo la confianza de los mercados e tomando todas los esfuerzos fiscales para restaurar el crecimiento, no habrá soluciones reales si no hay cambios radicales en el sistema económico. Éste es ecológica y socialmente insostenible porque no sólo hay lí­mites fí­sicos en los recursos sino también en los sumideros. Por lo tanto la retórica hipócrita de un capitalismo "más igualitario, prudente y sostenible" choca con los lí­mites ecológicos del planeta. El crecimiento económico -la base para el crédito- implica el aumento de la extracción y destrucción de las energí­as no renovables, y con ello un incremento de los gases de efecto invernadero que provocan el Cambio Climático.

Una de las decisiones más irresponsables y peligrosas fue acordar un programa adicional de 1,1 billones de US-$, en forma de prestamos gestionados por las mismas Instituciones Financieras Internacionales (IFI: Grupo del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), que son co-responsables de la crisis global, y que han impuestos -durante los últimos 30 años- polí­ticas neoliberales y ajustes estructurales que obligaron a recortar el gasto público de los Estados. El FMI y BM no sólo destruyeron masivamente empleo, impidieron a los paí­ses a alimentar su población, privatizaron los servicios públicos básicos, financiaron la extracción de recursos no-renovables y obligaron a desregular la industria financiera, sino generaron un inmensa deuda externa e ilegí­tima, que es una de las causas de la pobreza en el mundo. Con el fortalecimiento del FMI y BM, triplicando los recursos a su disposición, generará una nueva crisis mundial de la deuda que profundizarí­a la desigualdad en el mundo. Por ello exigimos que ni un sólo euro de dinero público vaya al FMI, ni al BM, y vemos más necesario que nunca comprometernos con las luchas internacionales por la abolición de la deuda externa y las IFI.

La reunión de Londres mostró que EE UU y la UE están sumamente preocupados por la falta de liquidez en los paí­ses emergentes y del Sur Global, que repercute sobre la expansión y el crecimiento de sus empresas transnacionales en estos mercados, que a su vez son sus principales fuentes de recursos naturales. Por esta razón, el G20 pretende financiar con al menos 250.000 millones de dólares operaciones comerciales a través de las agencias de créditos a la exportación, agencias de inversión y Bancos Multilaterales. Algo que rechazamos.

Asimismo se comprometen a concluir la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio, (OMC) totalmente inaceptable para Ecologistas en Acción, porque las reglas de la OMC suponen la desregulación a escala nacional de los sectores agrí­cola, industrial y de servicios, lo cual impide que los paí­ses adopten las medidas necesarias para luchar contra las crisis económica, social, alimentaria y medioambiental.

El G-20 no toma en cuenta que la OMC impone una extrema desregulación de los servicios financieros. Sin embargo, la liberalización de los servicios financieros forma parte de las negociaciones para ampliar el alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, GATS en inglés), que ya impone muchas restricciones a la regulación gubernamental sobre el sector, impidiendo, por ejemplo, que se prohí­ba los productos financieros de alto riesgo. Por ello, Ecologistas en Acción reclama la paralización de todas las negociaciones sobre servicios financieros en la OMC y los tratados de libre comercio (TLC).

Por ultimo, queremos mostrar nuestra solidaridad con las movilizaciones internacionales contra la cumbre del G-20, especialmente las que se han llevado a cabo en Londres, y reafirmar nuestro compromiso de seguir impulsando movilizaciones contra las medidas anti-crisis del G-20, y muy especialmente de la Unión Europea y del Gobierno español.

En contra del falso optimismo de José Luis Rodrí­guez Zapatero, diciendo que la recesión tocara fondo en el segundo semestre de 2009, advertimos que lo peor de la crisis financiera en el ámbito español está por venir todaví­a. Por un lado habrá una enorme incapacidad de pagar las hipotecas y devolver créditos por el creciente paro, que no se invierte fácilmente por la destrucción definitiva de puestos de trabajo en sectores como el inmobiliario, financiero, automovilí­stico y turí­stico, y por otro lado un quiebra generalizada de los promotores inmobiliarios -por el descenso de la venta y de los valores inmobiliarios y del suelo- lo que afectará sustancialmente a todo la industria financiera española. La pregunta es: ¿quién tiene los activos tóxicos españoles?

Para Ecologistas en Acción la crisis económica es una oportunidad para transformar la civilización industrial y adoptar polí­ticas que adopten una trayectoria distinta con respecto a los flujos de energí­a y materiales. El dinero público debe compensar a los paí­ses del Sur por la deuda ecológica generada, así­ como encaminar polí­ticas económicas que se basan en criterios de justicia social y ambiental, solidaridad y sostenibilidad, lo que implica un decrecimiento económico.