"La aplicación de la pena de muerte en EE.UU., los pasos a seguir para cerrar Guantánamo o la necesidad de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante años en el marco de la "guerra contra el terror" deben estar presentes en la agenda de esta primera reunión. Tratar estos asuntos serí­a la mejor prueba de que el Gobierno español impulsa una polí­tica exterior comprometida con los derechos humanos en el mundo, tal y como se ha comprometido en reiteradas ocasiones", ha asegurado Eva Suárez-Llanos, directora de Amnistí­a Internacional en España.

"Además, ambos Gobiernos deben respetar escrupulosamente la normativa internacional de derechos humanos en todos los acuerdos que se estudien en materia de seguridad, antiterroristas o de cualquier otra í­ndole", continúa Suárez-Llanos.

El cierre de Guantánamo y la "guerra contra el terror"
Amnistí­a Internacional ha acogido con esperanza las primeras acciones de Barak Obama para cerrar Guantánamo en el plazo de un año, suspender los juicios ante comisiones militares, cerrar todos los centros de detención secretos de la CIA y prohibir el uso de técnicas de interrogatorio que constituyan tortura y otros malos tratos. Todas estas medidas muestran una ruptura con el pasado y con las prácticas contrarias a la normativa internacional de derechos humanos llevadas a cabo por la anterior administración en el contexto de la llamada "guerra contra el terror".

El cierre de Guantánamo debe producirse lo antes posible, dado que los detenidos contra quienes no se han presentado cargos deberí­an haber sido liberados hace años. Actualmente permanecen detenidas unas 240 personas, que deben ser acusadas de delitos reconocidos por el derecho internacional y deben tener la garantí­a de acceder a un juicio justo. En caso contrario, deben ser puestas en libertad.

Alrededor de 60 de los detenidos no pueden ser repatriados de forma segura a sus paí­ses de origen debido al temor justificado de que puedan sufrir torturas u otros abusos. Por eso, a pesar de que la responsabilidad del cierre de Guantánamo recae primordialmente en EE.UU., para Amnistí­a Internacional es fundamental la implicación de los Gobiernos europeos para que el cierre sea una realidad. Los Gobiernos europeos pueden desempeñar un papel clave para resolver esta situación aceptando en su territorio a varios de estos detenidos que no pueden ser repatriados y necesitan protección internacional.

Por ello, Amnistí­a Internacional ha acogido con satisfacción la posición del Gobierno español que, en palabras del Ministro de Asuntos Exteriores, ha manifestado su disposición para acoger a "un número limitado de presos" de Guantánamo. "Esperamos que la reunión con el presidente estadounidense sirva para concretar este anuncio y que se ofrezca protección humanitaria segura a varios de los detenidos lo más rápidamente posible", ha asegurado Suárez-Llanos.

Además, esta reunión deberí­a servir para recordar a las autoridades estadounidenses la necesidad de que se lleve a cabo una investigación independiente sobre las prácticas de detención e interrogatorio utilizadas por Estados Unidos en su "guerra contra el terror". Amnistí­a Internacional sigue pidiendo a las autoridades estadounidenses que rindan cuentas por estos actos y lleven a cabo una reparación adecuada, no sólo por las violaciones de derechos humanos cometidas en Guantánamo, sino también, por ejemplo, en Bagram (Afganistán) y otros lugares. Además, EEUU debe hacer públicos los nombres, paradero y situación jurí­dica de las personas que puedan permanecer detenidas de forma secreta, varias de las cuales han sido objeto de las llamadas "entregas extraordinarias".

El Gobierno español tiene la responsabilidad adicional de llevar a cabo todas las gestiones posibles para esclarecer el paradero del ciudadano español Mustafa Setmariam Nasar, detenido en noviembre de 2005 por agentes paquistaní­es, puesto posteriormente bajo custodia estadounidense y actualmente "desaparecido". En todo este tiempo, el Gobierno de EEUU no ha revelado ninguna información sobre la situación de Mustafa Setmariam.

Pena de muerte
Estados Unidos, con 37 ejecuciones en nueve Estados durante 2008, y 1.156 ejecuciones desde 1977, de las cuales 20 han tenido lugar en 2009, es año tras año uno de los mayores verdugos del mundo.

El Gobierno español, a través de una iniciativa internacional, ha asumido un importante compromiso para poner fin a la pena de muerte en el mundo apostando por una moratoria universal para 2015, como un paso hacia la abolición total. Además, esta iniciativa forma parte de las medidas contempladas en el Plan de Derechos Humanos en materia de polí­tica exterior, aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno.

Por ello, Amnistí­a Internacional le pide al presidente Zapatero que solicite a Barack Obama medidas para impulsar una suspensión de todas las ejecuciones en el ámbito federal, así­ como que se interese por el caso de Pablo Ibar, ciudadano español condenado a muerte en Florida y que se encuentra en el corredor de la muerte desde el año 2000, después de un juicio sin las debidas garantí­as procesales.

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Amnistí­a Internacional también se ha dirigido por carta a la presidencia de la UE, que ejerce actualmente la República Checa, en el marco de la cumbre entre Estados Unidos y la Unión Europea, para instar a la UE a ejercer un liderazgo responsable en la lucha contra los abusos y violaciones de derechos humanos, y garantizar que los futuros acuerdos de cooperación en la lucha contra el terrorismo respeten plenamente la legislación internacional.

Además, Amnistí­a Internacional ha recordado que la responsabilidad de investigar, juzgar a los responsables y reparar a las ví­ctimas, no recae únicamente en Estados Unidos. Diferentes paí­ses de la UE también deben asumir cuanto antes sus propias responsabilidades en relación a las "entregas extraordinarias" y el programa de detención secreta de la CIA, y aplicar las recomendaciones formuladas por el Parlamento Europeo hace dos años, después de la investigación llevada a cabo por la Comisión Temporal sobre la supuesta participación de paí­ses europeos en el programa de transporte y detención ilegal de presos de la CIA.