Entre otras cosas que:

– La educación es un bien público y no una mercancí­a.

– El protagonismo de la educación en nuestras sociedades se mide por su repercusión social y económica, su capacidad de construcción y defensa de la democracia, como elemento facilitador de la realización y bienestar individual, como piedra angular del desarrollo comunitario y como motor económico. La educación debe promover la equidad, la no discriminación y el entendimiento entre personas de distintos orí­genes.

– La educación es un derecho humano. La prestación universal de servicios educativos públicos de calidad, tanto en los paí­ses en desarrollo como en las economí­as industrializadas y emergentes, es un imperativo moral.

En la era de la globalización, el mundo se enfrenta actualmente a la primera crisis financiera y económica de alcance verdaderamente global que no debe ser pagada por las personas trabajadoras. La crisis en marcha afecta e irá afectando a los sistemas educativos, y con ellos a los docentes y otros profesionales, no sólo en los paí­ses industrializados y de economí­as emergentes, sino también a los paí­ses más vulnerables y de menor renta.

Reclamamos al Sr. Presidente del gobierno español la defensa de la Declaración de Washington de la Agrupación Global Unions (Sindicatos Mundiales) de noviembre de 2008, que reza lo siguiente: "Más allá de la infraestructura, también es el momento de invertir en las personas" y "Debe renovarse el compromiso de prestar servicios públicos de calidad y financiados con fondos públicos".

Los STES-i reclamamos al Sr. Presidente del gobierno que en la reunión de los paí­ses que forman el grupo conocido como G-20 defienda que se destinen fondos públicos a la enseñanza pública de calidad y que se destinen fondos a la modernización de las escuelas. Que se inste a los gobiernos del mundo a reponer los fondos perdidos por los sistemas escolares en los últimos años, con el fin de evitar el empeoramiento de la calidad de la enseñanza

Reclamamos que se destinen fondos para superar la dotación de profesorado actual, muy deficitaria en numerosos paí­ses del mundo, también en España. La Unesco calcula en 18 millones de profesionales cualificados las necesidades docentes mundiales sólo para cumplir los retos demográficos de los paí­ses industrializados y lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). En los distintos territorios del Estado español son necesarios también muchos más profesores y profesoras en todos los niveles educativos para disminuir el elevado número de alumnos por aula que impide la mejora en la calidad de la enseñanza, y que es visto a dí­a de hoy como el principal obstáculo para conseguir dicha mejora.

Los STES-i consideramos que en el Estado español es preciso llegar en un plazo corto a que la inversión en Educación pública sea el 7% del PIB, como un elemento fundamental para que la juventud española tenga una mejor formación para la vida.