La declaración se hizo con motivo de la presentación de un informe de la organización sobre la situación de las comunidades indí­genas yakye axa y sawhoyamaxa, que desde que fueran desplazadas de sus tierras tradicionales viven en condiciones precarias, al borde de la autopista Pozo Colorado-Concepción, con un suministro irregular de agua y alimentos y una atención médica inadecuada.

En respuesta a esta desesperada situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2005 y 2006 que las autoridades paraguayas debí­an devolver las tierras a ambas comunidades, fijando como plazo el 13 de julio de 2008 para la restitución de las tierras tradicionales de la comunidad yakye axa y el 19 de mayo de 2009 de las de la comunidad sawhoyamaxa. La Corte ordenó también que hasta que se cumpliera la sentencia el Estado paraguayo debí­a proporcionar a las comunidades servicios básicos (servicios higiénicos, atención médica, alimentos y agua) que aseguraran su supervivencia.

Más de 27 miembros de estas dos comunidades han muerto de enfermedades prevenibles desde que la Corte Interamericana dictara sentencia. En los últimos cuatro meses, seis miembros de los sawhoyamaxa han muerto de diarrea y vómitos, cuatro de ellos bebés de menos de dos años.

"En estas condiciones, corre peligro la supervivencia misma de los yakye axa y los sawhoyamaxa", ha dicho Louise Finer, investigadora de Paraguay de Amnistí­a Internacional. "Pero el gobierno puede demostrar su compromiso con los derechos de los pueblos indí­genas acatando plenamente las decisiones de la Corte. Estas dos comunidades ya han esperado demasiado".

En su informe, Amnistí­a Internacional reconoce que el presidente Fernando Lugo ha dado algunos pasos, como la presentación de un proyecto de ley de expropiación de las tierras que reclaman los yakye axa, que está actualmente en espera de su aprobación en el Congreso.

"Las medidas tomadas por el gobierno paraguayo para ayudar a los pueblos indí­genas son positivas, pero es preciso hacer mucho más y mucho más deprisa", ha dicho Louise Finer. "El reloj corre para las comunidades yakye axa y sawhoyamaxa y si no se les devuelven sus tierras y se aportan fondos para su desarrollo, pueden perderse más vidas".

"El gobierno tiene una oportunidad histórica para demostrar que respeta plenamente los derechos humanos de los pueblos indí­genas mostrando voluntad polí­tica para acatar plenamente los fallos de la Corte. Las vidas y la existencia de estas comunidades dependen de ello", ha dicho Louise Finer.

Amnistí­a Internacional ha lanzado una ciberacción para recoger firmas de apoyo a las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa. Cualquier persona interesada en dirigirse a las autoridades paraguayas para que devuelvan las tierras a estas comunidades ancestrales y expresar su solidaridad con ellas puede sumarse a esta acción en: www.actuaconamnistia.org

Información complementaria

Los yakye axa y los sawhoyamaxa llevan más de 15 años reclamando sus tierras tradicionales. Al no resolver sus reclamaciones sucesivos gobiernos paraguayos, llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "“la más alta instancia regional de derechos humanos"“ que falló en su favor, ordenando al Estado paraguayo la devolución de sus tierras. Las decisiones de la Corte Interamericana son vinculantes.

El derecho a las tierras tradicionales es crucial para los pueblos indí­genas, pues constituye un elemento vital de su sentido de identidad, su sustento y su forma de vida. Según cifras oficiales, en Paraguay hay unos 108.600 indí­genas (un 1,7 por ciento de la población), aunque probablemente la cifra es muy superior.

La Constitución de Paraguay y el derecho internacional reconocen el derecho de los pueblos indí­genas a conservar sus tierras comunales y exige al Estado que se las proporcione sin coste alguno. En el ámbito internacional, Paraguay apoyó la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indí­genas.

Según el último censo de población indí­gena que data de 2002, el 45 por ciento de la población indí­gena de Paraguay no disfruta de la propiedad legal definitiva de sus tierras.