En un documento publicado hoy, titulado Rights off-course: Effective impunity for Greek law enforcement officials, Amnistí­a Internacional pone de relieve pautas de presuntas violaciones de derechos humanos que comete la policí­a contra la población civil y que incluyen el uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, torturas y otros malos tratos, detenciones arbitrarias y denegación del acceso inmediato a un abogado.

"Una y otra vez los agentes de policí­a de Grecia han sido acusados de usar la fuerza excesiva contra manifestantes o de negarles sus derechos cuando son detenidos. La respuesta policial a los recientes disturbios es la culminación de una pauta arraigada de violaciones graves de derechos humanos que cometen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", ha declarado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistí­a Internacional.
La muerte el 6 de diciembre de 2008 de Alexis Gregoropoulos, de 15 años, a manos de un funcionario que trabajaba como guardia especial desencadenó manifestaciones generalizadas que en muchos casos se convirtieron en disturbios.

Desde que finalizaron las manifestaciones el pasado mes de enero, Amnistí­a Internacional viene recibiendo un número creciente de denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policí­a. La organización ha presentado varios casos ocurridos entre diciembre de 2008 y enero de 2009 al ministro del Interior, Prokopis Pavlopoulos, en los que al parecer la policí­a ha arrestado arbitrariamente, maltratado y detenido a manifestaciones pací­ficos y detenidos, entre los cuales habí­a menores de edad a quienes impidió ponerse en contacto inmediato con sus abogados.

"El gobierno deberí­a utilizar estos incidentes como catalizador para poner en marcha una comisión de investigación de gran alcance que investigue no sólo los sucesos recientes, sino también cuestiones sistémicas, como la formación de la policí­a en el uso de armas de fuego y de la fuerza", ha añadido Nicola Duckworth.

Amnistí­a Internacional hace notar que, en aplicación del derecho internacional, las autoridades griegas tienen tanto la responsabilidad como la obligación de garantizar la seguridad de las personas y los bienes y reconoce las dificultades que afrontan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando actúan en manifestaciones violentas. En virtud del derecho internacional, las autoridades también tienen el deber de garantizar que la actuación policial en las manifestaciones se atiene a las normas internacionales, incluidas las relativas al uso de la fuerza.

La organización insta a las autoridades griegas a que aborden las pautas de abusos que han desembocado en la falta de confianza de la ciudadaní­a en la actuación policial.

"Los ciudadanos griegos tienen el derecho a una actuación policial adecuada, con arreglo a las obligaciones nacionales e internacionales del gobierno", ha afirmado Nicola Duckworth.