Miles de delegados sindicales de todo el territorio español se han concentrado ante las puertas de la Audiencia Nacional en apoyo a los nueve representantes sindicales que han sido juzgados en esta Institución por protestar, en las Cortes Valencianas, contra la subida salarial del 2% impuesta por el Gobierno a los empleados públicos en el año 2001. El juez ha impuesto una multa de 50.000 pesetas a cada uno de los representantes sindicales.

Los representantes sindicales están acusados de atentar contra altos organismos del Estado por protestar, en las Cortes Valencianas, contra la subida impuesta por el Gobierno Popular a los empleados públicos y sus malas condiciones laborales. Los hechos se remontan al 21 de noviembre de 2000, cuando los acusados desplegaron, en silencio, una pancarta de protesta, en la tribuna de invitados de las Cortes Valencianas, donde reivindicaban mejoras en las condiciones laborales de los empleados públicos. Esta situación se repite en Castilla y León, donde otros delegados sindicales se encuentran pendientes de juicio en la Audiencia Nacional por la misma causa.

En opinión de la FSP-UGT, nunca se tení­a que haber llegado a esta situación extrema y desproporcionada con el único fin de dar un escarmiento al movimiento sindical. Por último, dentro de los márgenes legales, la Audiencia Nacional ha rebajado las pretensiones que tení­a la Justicia Valenciana imponiendo una mí­nima multa y minimizando las consecuencias de unas medidas desproporcionadas.