Oceana muestra su satisfacción por la detención de tres capitanes y propietarios de varias embarcaciones del puerto italiano de Bagnara Calabra por el uso de redes de deriva ilegales. Los acusados se encuentran bajo arresto domiciliario como resultado del proceso iniciado por la fiscalí­a de Calabria, a raí­z de la emisión de un documental en la televisión italiana RAI 3 que contó con la colaboración de Oceana, el pasado 16 de noviembre. La causa imputada es resistencia a la autoridad durante las operaciones en alta mar y agresión a las autoridades en puerto, por lo que pueden afrontar penas de cárcel.

Las redes de deriva constituyen una grave amenaza para la conservación de especies marinas amenazadas como cetáceos y tortugas. Oceana desarrolla una campaña activa contra el uso de este arte de pesca ilegal, y hasta el momento, ha documentado y denunciado a más de 150 embarcaciones italianas que aún utilizan redes de deriva. El puerto de Bagnara Calabra ha sido identificado por Oceana como uno de los puntos calientes de esta actividad ilegal.

Xavier Pastor, Director Ejecutivo de Oceana en Europa, declara "Agradecemos las acciones emprendidas por las autoridades italianas contra el uso de redes de deriva. Llevamos años denunciando el uso de este arte de pesca en Italia sin observar acciones concretas, y con especial énfasis en el puerto de Bagnara Calabra, base de los tres implicados, por lo que esta medida supone un total cambio del rumbo actual."

A estas detenciones se suman los más de 7,7 millones de euros que Italia ha tenido que devolver a la UE por continuar utilizando estas redes en lugar de emplearlos en la reconversión de la flota a otras artes de pesca. Oceana reclama también la devolución de los fondos empleados en una segunda fase, puesto que ha identificado gran número de embarcaciones subvencionadas que continúan utilizando las redes.

El pasado 5 de marzo el Tribunal Europeo de Justicia condenó a Francia por el uso de redes de deriva ilegales. La Comisión Europea habí­a denunciado al Estado francés en diciembre de 2007 por no controlar e inspeccionar el uso de redes de deriva ilegales, y por no tomar medidas sancionadoras contra los buques infractores.