Del número total de estas empresas concursadas en Madrid, 73 eran del sector de la construcción, 103 inmobiliarias servicios empresariales, 42 del sector comercio, y 29 de la industria y la energí­a.

Si analizamos los datos oficiales y comparamos lo ocurrido en Madrid en el 4º trimestre de 2008 y 2007 vemos que el pasado año (4ºT) hubo 159 empresas concursadas, y en 2007 (4º T), 41 empresas. De acuerdo con los datos en la Comunidad de Madrid el número de empresas en concurso de acreedores ha experimentado un aumento del 387%. Estas cifras ilustran el fuerte impacto de la crisis económica en la Comunidad de Madrid.

El concurso de acreedores, sustituye al antiguo denominado de suspensión de pagos, y se trata fundamentalmente, dada su naturaleza mercantil, de garantizar los derechos de los acreedores ante una situación de dificultad o insolvencia de una empresa.

En este procedimiento complejo y no laboral se ven afectados aquellos trabajadores en cuya empresa se haya admitido la tramitación del concurso.

La ley Concursal, en relación a los trabajadores, ha supuesto, como hecho más significativo, el traslado, en el ámbito de las decisiones sobre sus derechos laborales del marco hasta ahora establecido, jueces laborales, autoridad laboral, etc, al marco mercantil, donde la competencia la tiene un juez mercantil.

En este sentido, UGT señala que ley Concursal, con su modificación y entrada en vigor en 2004, supuso un recorte de derechos y garantí­as para los trabajadores, perjuicios que se están notando de forma significativa ahora por el aumento de empresas en concurso de acreedores y del número de trabajadores afectados.

UGT quiere que la ley sea modificada para que los derechos de los trabajadores sean salvaguardados y evitar los perjuicios que de la aplicación de la ley se derivan para ellos.

Para UGT la modificación pasa porque sea la Autoridad Laboral la competente y no los juzgados mercantiles, la que se encargue de regular los expedientes de regulación de empleo (ERE) en las empresas sometidas a procesos concursales.

La Autoridad Laboral es un órgano experimentado y buen conocedor de los conflictos sociolaborales, tiene la capacidad y perspectiva de valorar otros intereses públicos generales frente a los jueces de lo mercantil que, salvo excepciones, no conocen suficientemente la perspectiva sociolaboral y no intervienen mediando entre las partes.

Además, el atasco judicial es tan grande que se tardan semanas, incluso meses, en la admisión de los concursos, por lo que los trabajadores no cobran durante meses sino quieren perder los derechos e indemnizaciones que les corresponden por el despido, individual o colectivo, situación agravada porque tampoco pueden acceder a las prestaciones de desempleo.

EMPRESA JUFAN S.A.

Los Trabajadores de JUFAN S.A., con una plantilla de 74 trabajadores, llevan 4 meses sin cobrar sus salarios de la empresa en concurso de acreedores.

No cobran sus salarios, no tení­an indemnizaciones y no pueden acceder a las prestaciones de desempleo. Las situaciones son en algunos casos dramáticas.