El jueves 26 de marzo se votará en el Parlamento Europeo de Estrasburgo el informe de la europarlamentaria Margrete Auken (Los Verdes) sobre el impacto de la urbanización masiva en España. En él se denuncian las ilegalidades acometidas y se reclama una moratoria urbaní­stica y la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbaní­sticos que no cumplen con la normativa estatal y europea.

El informe Auken fue aprobado en febrero por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo por 22 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Los eurodiputados del Partido Popular y del partido socialista se han aliado para que este informe no salga adelante en el pleno que se celebrará mañana. Dado que el reglamento de la Eurocámara no permite enmendar en el pleno los informes de iniciativa como éste, las dos principales fuerzas españolas han elaborado textos alternativos y están buscando el apoyo dentro de los grupos populares y socialistas europeos para boicotear el informe.

En el informe de Greenpeace "Destrucción a Toda Costa 2008" se recogen, tan solo en el litoral, 67 casos de irregularidades urbaní­sticas en los tribunales, con 527 implicados en tramas de corrupción, de los cuales 174 eran cargos públicos.

Para Greenpeace, el informe Auken refleja el problema urbaní­stico en España y pone de manifiesto la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo económico en la costa y el problema de corrupción a él asociado.

"No nos sorprende que tanto PP como PSOE hayan presentado enmiendas coincidentes para suavizar el contenido del informe, ya que los delitos urbaní­sticos en nuestro paí­s no distinguen ideologí­as polí­ticas", ha declarado Pilar Marcos. "Desde Greenpeace, apelamos a la responsabilidad de los parlamentarios europeos para que, con su apoyo y su voto a favor del informe Auken, podamos salvaguardar el poco territorio virgen que queda en nuestro paí­s", concluye Marcos.