La petición se efectúa con motivo del sexto aniversario de la campaña represiva llevada a cabo en marzo de 2003 contra los activistas polí­ticos y de derechos humanos del paí­s.

"En su momento no habí­a ningún motivo válido para que se detuviera a estos 57 hombres, y por supuesto que no hay ningún motivo para que permanezcan en la cárcel", ha dicho Gerardo Ducos, investigador de Cuba de Amnistí­a Internacional. "El único "˜delito"™ que cometieron fue ejercer pací­ficamente su derecho a la libertad de expresión".

A Amnistí­a Internacional también le preocupa el hostigamiento que están sufriendo los activistas de derechos humanos, especialmente los que participan en los preparativos para la manifestación del 18 de marzo.

Según los informes, Ivonne Mallesa, de la organización Damas de Blanco, fue detenida en su domicilio el 10 de marzo por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y llevada a una casa de visita (las casas de visita son locales del gobierno que se utilizan para organizar actos y reuniones públicas). Cuatro horas después quedó en libertad sin cargos. Los agentes de seguridad le dijeron que acabarí­a condenada a 20 años de cárcel si seguí­a apoyando a las Damas de Blanco, grupo no oficial formado por mujeres que son familiares y amigas de las personas encarceladas en la represión de marzo de 2003.

"Las autoridades cubanas han hablado muchas veces de la importancia de los derechos humanos. Ahora tienen la oportunidad de pasar de las palabras a los hechos poniendo en libertad a quienes han sido encarcelados injustamente", ha dicho Gerardo Ducos.

Información complementaria

De los 57 presos de conciencia que hay actualmente en Cuba, 54 son los que quedan de un grupo de 75 que fueron encarcelados durante una campaña represiva masiva contra la disidencia que se efectuó en marzo de 2003. La mayorí­a fueron acusados de "actos contra la independencia del Estado", por presuntamente recibir fondos o material de ONG radicadas en Estados Unidos y financiadas por el gobierno estadounidense, y condenados a entre seis y 28 años de cárcel tras juicios rápidos sin garantí­as por realizar actividades que las autoridades consideraban subversivas y dañinas para Cuba.

Estas actividades eran publicar artí­culos o conceder entrevistas a medios de comunicación con financiación estadounidense, comunicarse con organizaciones internacionales de derechos humanos y tener contacto con entidades o particulares considerados hostiles a Cuba. Hasta ahora han quedado en libertad 21, en algunas ocasiones, libertad condicional por razones médicas.

Uno de los opositores polí­ticos encarcelados es Ví­ctor Rolando Arroyo Carmona, bibliotecario independiente y vicepresidente de la organización no oficial Foro para la Reforma, detenido el 18 de marzo de 2003 y condenado menos de tres semanas después a 26 años de cárcel. Las actividades que la fiscalí­a le atribuyó fueron crear una biblioteca con más de 6.000 libros de carácter "reaccionario", colaborar con agencias de prensa no acreditadas por el gobierno cubano y haber recibido el premio de derechos humanos Hellman/Hammet de Human Rights Watch. Actualmente está encarcelado en la cárcel Cuba Sí­ de la provincia de Holguí­n.