Aunque en los últimos años el Gobierno ha puesto en marcha medidas para hacer frente a la discriminación racial, para Amnistí­a Internacional éstas siguen siendo insuficientes. La organización acoge con satisfacción el Plan Estratégico de Ciudadaní­a e Integración (2007-2010), la Ley para la Igualdad Efectiva entre hombre y Mujeres, la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, así­ como al Plan Nacional de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual o el Plan de Derechos Humanos, aprobado el pasado 12 de diciembre. Asimismo, da la bienvenida al anuncio de creación, en dicho Plan, de una Estrategia Nacional Española de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia y la elaboración de una futura Ley para la Igualdad de Trato y no Discriminación.

"Aunque estas propuestas manifiestan una voluntad y compromiso polí­tico en la lucha contra la discriminación, no se entiende por qué el Gobierno no prioriza el desarrollo y puesta en marcha real de medidas especí­ficas como la Estrategia Nacional contra el Racismo o el Consejo para la Igualdad de Trato; medidas recomendadas por diversos organismos internacionales, por las organizaciones que trabajan con estos colectivos en España, y con las que el propio Gobierno se habí­a comprometido desde la anterior legislatura", manifestó Ángela Iranzo, responsable de polí­tica interior de Amnistí­a Internacional España.

Ausencia de datos oficiales

Tal y como destacaba la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2007, España sigue siendo uno de los 5 paí­ses de la UE que no publican datos oficiales sobre incidentes, denuncias o delitos con motivación racista. Dos años después de este informe, el Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia no dispone de mecanismos para una exhaustiva recogida de datos y su publicación de forma periódica.

"Para Amnistí­a Internacional, disponer de un diagnóstico riguroso sobre la situación del racismo en España es un paso prioritario para poner en marcha medidas orientadas a su eliminación. La ausencia de datos invisibiliza el racismo y la xenofobia, lo cual es especialmente preocupante en un contexto de crisis económica como el actual, que puede contribuir a crear un ambiente que justifique la adopción de medidas de control migratorio que supongan una amenaza para los derechos de los inmigrantes", señaló Ángela Iranzo.

Colectivos especialmente vulnerables

Precisamente en este contexto de crisis, Amnistí­a Internacional recuerda al Gobierno español su responsabilidad y obligación de contrarrestar este fenómeno en relación con los colectivos especialmente vulnerables. Para ello, la organización pide la prohibición expresa del uso de "criterios raciales" para la realización de controles de identidad por los agentes de seguridad, por contribuir a criminalizar a los inmigrantes por el hecho de serlo. Así­, Amnistí­a Internacional pide la eliminación de cualquier orden o instrucción que pueda existir orientada al establecimiento de cupos para la detención de inmigrantes irregulares en las comisarí­as, como denunciaron los sindicatos de policí­a el pasado mes de febrero.

Junto al colectivo de la población inmigrante en España, la organización quiera hacer hincapié en la situación de la comunidad gitana, tradicionalmente marginada en nuestro paí­s. Según los últimos estudios realizados por la Fundación Secretariado Gitano, desde el 2001 ha mejorado considerablemente la situación de la población gitana en España, pasando de un porcentaje de infravivienda del 31% a cerca de un 12% en la actualidad. Aunque este dato es positivo, todaví­a más de 10.000 hogares de personas gitanas no cuentan con condiciones adecuadas.

Medidas que no pueden esperar

En el informe España: entre la desgana y la invisibilidad, Amnistí­a Internacional denunciaba la falta de voluntad polí­tica para afrontar la lucha contra el racismo y proponí­a una serie de indicadores para evaluar un cambio en esa tendencia. Un año después, la mayorí­a de los indicadores están incumplidos. La organización recuerda al Gobierno que no hay excusas para retrasar la puesta en marcha de las siguientes medidas contra el racismo y la xenofobia:

* La Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia anunciada hace 8 años. Una estrategia que debe contar con la colaboración de la sociedad civil, con recursos suficientes para su aplicación efectiva, en coordinación con los gobiernos autonómicos y locales. Debe incluir medidas relativas a medios de comunicación, lugares de trabajo, sanidad, educación, vivienda, prestaciones sociales y en el acceso a los locales de entretenimiento, y dedicar especial atención a colectivos especialmente vulnerables como la comunidad gitana y el colectivo de mujeres por estar muchas veces sometidas a una doble o triple discriminación. Igualmente, la estrategia debe incluir medidas que prevengan la tortura y los malos tratos con motivación racista en las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.

* Organismos especializados e independientes para luchar contra el racismo. Amnistí­a Internacional lamenta que el Consejo para la Igualdad de Trato, desde su creación en el 2003, no esté funcionando. Y que el Observatorio contra el Racismo, desde su puesta en marcha en 2006, todaví­a no publique estadí­sticas periódicas sobre ví­ctimas de racismo, ni haya iniciado labores de formación a sectores claves como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

* Un plan de formación continuada sobre lucha contra el racismo y el principio de no-discriminación, entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, dirigido a jueces, fiscales y demás personas integrantes de la administración de justicia.

* Medidas especí­ficas para luchar contra la discriminación que sufre la comunidad gitana.

* La retirada de la Instrucción 14/2005 de la Secretarí­a de Estado de Seguridad, de 30 de julio, sobre actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras ví­ctimas de violencia de género en situación administrativa irregular.

* Una reforma de la ley de extranjerí­a que garantice el acceso de los inmigrantes a todos sus derechos humanos, independientemente de su situación administrativa en España, tal y como dictaminó el Tribunal Constitucional.

* La firma y ratificación de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.