"La inacción de los gobiernos de siete paí­ses del Grupo de los Ocho (G8) que disfrutan de las economí­as más poderosas -Estados Unidos, la Federación Rusa, Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y Canadá- a la hora de regular las transferencias de armas está contribuyendo a la comisión de graves abusos contra los derechos humanos en paí­ses en desarrollo y a la destrucción de millones de vidas, especialmente en África", ha manifestado hoy Amnistí­a Internacional.

En el último número de su publicación Crónica del comercio del terror , la organización de derechos humanos destaca casos recientes que muestran cómo particulares, empresas y gobiernos de las grandes potencias han estado ayudando a fuerzas armadas que cometen graves abusos contra los derechos humanos, crí­menes de guerra y crí­menes de lesa humanidad.

Estados Unidos ha mantenido, o incluso aumentado, su ayuda militar a paí­ses como Israel (más de dos mil millones de dólares), Egipto (más de mil millones de dólares), Jordania, Túnez y Colombia. La venta de material militar a paí­ses como Arabia Saudí­ y Turquí­a se ha mantenido. Además, el Congreso estadounidense ha estado estudiando una ley adicional de emergencia sobre el gasto público que dispone una dotación de más de mil millones de dólares estadounidenses. Esto permitirí­a que Estados Unidos vendiera armas, proporcionara asesores militares y formación militar sobre combate y estableciera bases militares en Afganistán, Pakistán, India, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turquí­a, Somalia, Yemen, Kenia, Indonesia y Filipinas, todos paí­ses donde se han cometido graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos del G8 han prometido que África será parte del programa de trabajo de la reunión que celebrarán en Canadá en junio de 2002. Pero ¿cuál es el significado real de esta promesa?

Según informes recibidos, desde 1999 la Federación Rusa ha aumentado considerablemente la exportación de fusiles Kalashnikov a paí­ses africanos pese a los numerosos conflictos armados africanos en los que tales armas se han usado para facilitar la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Recientemente, Rusia ha transferido armas a zonas en conflicto del Cuerno de África y del sur y el centro del continente, e incluso a Zimbabue.

El gobierno del Reino Unido ha permitido que pilotos británicos y empresas de fletes transporten armas destinadas a fuerzas armadas que en la República Democrática del Congo han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y violaciones sexuales en el contexto de un conflicto que se ha cobrado unos 2,5 millones de ví­ctimas. Conforme a la legislación británica, este tráfico de armas es totalmente legal siempre que las armas se recojan y se enví­en desde fuera del territorio británico a un destino que no haya sido prohibido por las Naciones Unidas.

Los traficantes han utilizado contactos en otros paí­ses de la Unión Europea o de fuera de la jurisdicción de la Unión Europea para burlar el embargo no vinculante impuesto en 1993 por la Unión Europea a la venta de armas a la República Democrática del Congo. Las leyes del Reino Unido tampoco impiden que las empresas de transporte británicas sean usadas para el tráfico de armas en el exterior del paí­s. El gobierno no ha cumplido con el compromiso formulado en el manifiesto que publicó durante las últimas elecciones generales en el sentido de que se proponí­a "controlar las actividades de los agentes intermediarios y traficantes de armas, dondequiera que estén radicados".

En 1999 y 2000, el gobierno alemán autorizó la exportación de armas pequeñas y ligeras a paí­ses africanos como Egipto, Kenia, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Entre esas armas habí­a revólveres, pistolas, armas de caza y municiones. Sin embargo, el Informe Anual del gobierno no proporciona datos sobre las transferencias concretas ni indica si las armas fueron enviadas a la policí­a y las fuerzas armadas de esos paí­ses. Lo que es más, también se exportaron indirectamente armas pequeñas y ligeras de Alemania a través de acuerdos de "fabricación bajo licencia" mediante los cuales se han fabricado armas alemanas en otros paí­ses que no deberí­an recibir licencias de exportación directas del gobierno alemán y de sus aliados europeos.

En Francia, sucesivos gobiernos han proporcionado material y formación militar y de seguridad a la mayorí­a de los paí­ses francófonos de África, a menudo sin tener en cuenta la trayectoria de éstos en materia de derechos humanos. En 1999, entre los destinatarios de estas armas -como metralletas de pequeño calibre, rifles automáticos, armas ligeras y lanzacohetes ligeros- estaba Burkina Faso, paí­s del que las Naciones Unidas establecieron que serví­a de conducto para la transferencia de armas a Liberia, a los grupos de oposición armados de Sierra Leona y a Camerún, donde, según informes, las fuerzas de seguridad ejecutaron ilegalmente a centenares de personas en el año 2000. Pese al reciente escándalo en torno a Angola, en el que se descubrió que unos intermediarios franceses habí­an organizado transferencias de armas a ese paí­s, una nueva ley francesa relativa a los agentes de transferencias de armas omite ocuparse de los tratos relativos a "terceros paí­ses" cerrados fuera de Francia.

Durante los primeros diez meses de 2001, África recibió transferencias de armas por un valor de más de 16 millones de euros. Entre los destinatarios estaban Nigeria (6 millones de euros) y Kenia (2,5 millones de euros), ambos paí­ses donde las fuerzas de seguridad han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos relacionadas con el uso de armamento.

La empresa canadiense Talisman Energy ha destacado sus inversiones en proyectos de desarrollo social en Sudán, entre ellos la construcción de un hospital y obras de vialidad. Pero Talisman Energy también ha participado en la construcción de una pista de aterrizaje que se ha usado como base de aviones militares que han bombardeado a la población civil y a bienes civiles en el curso de ataques aéreos en zonas que, según el gobierno, eran baluartes de los rebeldes.

En julio de 2001, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilí­cito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos, se acordó un Programa de Acción en el que se formulaban recomendaciones a los gobiernos. Amnistí­a Internacional acogió positivamente esta iniciativa, pero el Programa de Acción fue despojado de toda medida significativa de protección de los derechos humanos por paí­ses como Estados Unidos, China y Rusia, con la ayuda de algunos miembros clave del Movimiento de Paí­ses No Alineados. En el Programa de Acción no se hace mención alguna a las violaciones de derechos humanos, a los crí­menes de guerra ni al uso incorrecto de las armas, ni se disponen medidas vinculantes encaminadas a asegurar que las autoridades nacionales encargadas de supervisar la exportación de armas protejan los derechos humanos.

"Todos los Estados tienen la obligación legal básica de evaluar si existe la posibilidad de que las armas y la formación y el material de seguridad que transfieren sean utilizados por sus destinatarios para cometer abusos contra los derechos humanos. Los Estados deben asegurarse de que, al participar en este tipo de transferencias, no están ayudando a sabiendas a la comisión de tales abusos", dice Amnistí­a Internacional.

Las transferencias de armas no se vuelven legales simplemente porque sus destinatarios sean agentes de gobiernos o porque hayan sido autorizadas por funcionarios de gobiernos. Sólo pueden ser lí­citas si se llevan a cabo conforme a las normas internacionales.