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El Plan de Integración ignora los problemas de la crisis económica Recibida de FSP - UGT el 17-03-2009 a las 01:03
UGT-Madrid considera que el Plan de Integración correspondiente al ejercicio 2009-2012 no responde a las necesidades que plantea el actual escenario de crisis, y por ello exige al Gobierno regional que modifique la filosofía del mismo con el propósito de garantizar la máxima eficiencia en su aplicación. El sindicato presentó voto particular contra el Plan en el seno del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Aún a pesar del incremento en un 7% del presupuesto total con respecto a 2008, la partida destinada a políticas sociales desciende en una tercera parte, una estrategia que para el sindicato es completamente incomprensible dado el aumento de las situación de desprotección que sufren miles de familias de ciudadanos inmigrantes. Las políticas de empleo también presentan una serie de carencias que las convierten en ineficaces. No han sido arbitradas medidas tendentes a erradicar el empleo irregular ni a cubrir las necesidades de formación profesional incidiendo en aquellos sectores de economía puntera y emergente. En este sentido, UGT propone la creación de una Comisión Tripartita Laboral que vele por la puesta en marcha de actuaciones orientadas a estos dos fines. Por otra parte, de 19 Centros de Atención Social para Inmigrantes (CASI) en la actualidad sólo continúan abiertos cuatro, mientras se potencia la figura del Centro de Integración y Participación de Inmigrantes (CEPI). Estos centros, creados en función de las nacionalidades, impiden la relación entre la población autóctona y la inmigrante, y, dentro de esta última, impide la convivencia entre las personas procedentes de países distintos. Los CEPI"™s, asimismo, vienen asumiendo competencias en materia de formación y empleo que no les corresponde, pero beneficia la opción política que gobierna la Comunidad de Madrid hoy por hoy. UGT-Madrid no participa de la opinión del Gobierno regional según la cual se gestiona la atención mediante entidades privadas subvencionadas con fondos públicos. El sindicato entiende que debiera ser este un trabajo realizado por la Administración autonómica como un servicio público. El modelo del Gobierno regional en absoluto facilita la continuidad de los proyectos y contribuye a dilapidar fondos públicos. El sindicato, finalmente, entiende que este Plan no satisface ninguna de las necesidades reales de las personas inmigrantes y despilfarra recursos públicos que bien pudiera destinarse a mejorar la situación de todos aquellos ciudadanos extracomunitarios que son golpeados especialmente por la crisis. |
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