UGT denuncia en relación con la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid y a pesar de ser un derecho que incide directamente en la calidad de vida de sus ciudadanos, un total de 16.051 madrileños no reciben las ayudas derivadas de la Ley porque la administración regional no ha realizado el Programa Individual de Atención (PIA).

Desde UGT-Madrid, analizando los aproximadamente dos años de puesta en marcha del Sistema, vemos que en nuestra Comunidad Autónoma la Ley, que comenzó a desarrollarse con retraso, con escasos recursos y medios junto a un elevado grado de descoordinación entre las administraciones públicas, mantiene, en la actualidad, grandes desajustes.

UGT señala con preocupación que en la Comunidad de Madrid el número de dependientes, una vez iniciado el proceso de valoración, ascienden, de acuerdo con estimaciones solventes, a 112.245 personas dependientes mayores de 65 años, cifra a la que habrí­a que añadir las personas dependientes menores de esta edad y los discapacitados dependientes menores de 65 años. En definitiva todas estas personas deberí­an tener el grado de dependencia reconocido y recibir las ayudas y prestaciones correspondientes.

UGT denuncia que en la Comunidad de Madrid hay, hasta la fecha, 36.206 dependientes valorados como tales. Ahora bien sólo están recibiendo servicios y prestaciones 20.155. El resto, 16.051 siguen sin tener realizado el Programa Individual de Atención y, por lo tanto, están privadas de su derecho.

La falta de profesionales en la Comunidad de Madrid, en la actualidad tan sólo 80 profesionales, UGT-Madrid reclama que se duplique al menos la plantilla, porque esta insuficiencia impide que miles de madrileños puedan acceder a la percepción de las prestaciones. Hoy, la Comunidad de Madrid está a la cola en la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia lo que afecta grave y negativamente a miles de ciudadanos y ciudadanas y a su calidad de vida.

Finalmente, en relación con la Ley de Dependencia, UGT reclama al Gobierno Regional la constitución del Comité Consultivo capaz de analizar, asesorar e informar con total transparencia sobre el contenido prestacional, el desarrollo e implantación de los servicios de la Ley en nuestra Comunidad Autónoma.