Amnistí­a Internacional hace este pronunciamiento cuando está a punto de tomarse la decisión que definirá la situación de cinco miembros de la Organización del Pueblo Indí­gena Me"™ Phaa (OPIM), actualmente detenidos en una prisión en el estado de Guerrero, acusados de homicidio.

"Hace menos de un mes, México se comprometió a proteger la vida e integridad fí­sica de los defensores de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas," dijo Susan Lee, Directora del Programa para las Américas de Amnistí­a Internacional. "Reconocer y apoyar el trabajo legí­timo de la OPIM es algo que podrí­a hacerse inmediatamente para cumplir con esta promesa."

El 20 de octubre de 2008, un juez federal ordenó la liberación de cuatro de los detenidos al dictaminar que las pruebas presentadas durante el proceso no los implicaban. Sin embargo, los cuatro presos no han sido puestos en libertad porque la Procuradurí­a General de la República (PGR) ha apelado la resolución "“ a pesar de no haber presentado nuevas pruebas.

Al quinto detenido, Raúl Hernández, se le negó el amparo por parte del juez federal porque dos testigos dijeron que estaba en el lugar cuando se disparó a la ví­ctima. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato. Raúl Hernández ha apelado la decisión que le negó el amparo.

"Amnistí­a Internacional ha establecido que los cargos contra los cinco presos de conciencia han sido presentados en represalia por sus actividades legí­timas de promoción y defensa de los derechos de su comunidad, y por denunciar los abusos cometidos por un cacique local y por las autoridades."

"Cuando se castiga a activistas sociales por su trabajo legí­timo, las autoridades enví­en el mensaje de que proteger y promover los derechos humanos conlleva un alto precio."

Amnistí­a Internacional, a través de la web, www.actuaconamnistia.org, hace un llamamiento a las autoridades mexicanas para liberar inmediatamente a los cinco indí­genas defensores de los derechos humanos, detenidos desde ya hace casi un año a pesar de la falta de evidencias en su contra.

Información de contexto

El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano Garcí­a el 1 de enero de 2008 en la comunidad de El Camalote, Estado de Guerrero. El ejército arrestó a los cinco integrantes de la OPIM cuando cruzaban un control militar de seguridad instalando habitualmente en la zona. Además, se emitieron órdenes de arresto contra otros 10 miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero ninguna se ha ejecutado.

La Organización del Pueblo Indí­gena Me"™ phaa (OPIM) fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indí­genas Me"™ phaa (Tlapanecas) en México. El sur del Estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me"™ phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.

Amnistí­a Internacional ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos indí­genas en el estado de Guerrero como la OPIM desde hace muchos años. Muy recientemente, el Secretario y el Presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron hallados muertos la noche del 20 de febrero en el municipio de Tecoanapa, estado de Guerrero. Los cadáveres de los dos hombres estaban enterrados a treinta minutos en automóvil del lugar donde fueron secuestrados por hombres armados siete dí­as antes. Los dos cuerpos fueron identificados por sus familias, quienes informaron de que presentaban señales claras de tortura.

Amnistí­a Internacional pone en marcha una ciberacción a través www.actuaconamnistia.org pidiendo su liberación