La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no debe suponer la progresiva deriva de la Universidad hacia la subordinación a la lógica de mercado y al avance de la privatización. Observamos con preocupación el modo en que el Ministerio (antes de Educación, ahora de Ciencia e Innovación) y las propias Universidades están poniendo en marcha este proceso. Las repercusiones que ello puede tener en la misma institución conducen a una larga serie de contradicciones que están creando una gran confusión, un profundo malestar en todos los estamentos y pone en peligro la enseñanza superior.

Para evitar que dicho proceso afecte negativamente a la calidad de la enseñanza universitaria reivindicamos:

* Que la Universidad debe seguir siendo un lugar de producción, transmisión, difusión y crí­tica del conocimiento y no una mera fábrica de titulados;

* Que la aprobación de titulaciones se desvincule de criterios exclusivamente mercantilistas y economicistas y valore, como se vení­a haciendo hasta ahora, la importancia del conocimiento para la formación cientí­fica, cultural y humaní­stica de las y los estudiantes;

* Que la financiación permita llevar a cabo el proceso de convergencia con garantí­as y sin perjuicio de la calidad de la enseñanza: NO a la reforma a coste cero. Esta financiación ha de adecuarse progresivamente a los presupuestos de los paí­ses más avanzados de la Unión Europea.

* Que el Estado garantice el carácter público de todos los estudios universitarios, evitando la privatización y posibilitando el acceso de todos los sectores sociales en igualdad de condiciones con una adecuada polí­tica de becas para todos ellos, incluyendo los estudios de Máster. Respecto a las becas reclamamos que su dotación aumente y se faciliten los requisitos de acceso, especialmente en el caso de los Masters oficiales. En ningún supuesto, los prestamos-estudios deben impedir el aumento progresivo de las becas públicas.

* En relación a la conversión del CAP en un master de 60 créditos europeos -1500 horas- el acceso al mismo no debe suponer una barrera selectiva económica para las personas graduadas que quieran optar al mismo.

* Que las universidades privadas no se financien con fondos públicos y que haya un control de las administraciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente para la implantación de estudios y para el desarrollo de la enseñanza y la investigación. NO a la utilización de servicios públicos (por ejemplo, centros de salud) por universidades privadas.

* Que se implemente un sistema objetivo de evaluación de la calidad de las titulaciones de todo el sistema universitario;

* Que se apliquen planes de actualización y formación negociados con los representes del PDI y del PAS que garantice la adecuación a la metodologí­a y las tareas que exige la Convergencia Europea.

* Que la investigación no este supeditada exclusivamente a la aplicabilidad inmediata y a las demandas e intereses empresariales.

* Que se avance en una reducción efectiva de la ratio alumnado-profesorado tanto en las clases teóricas como en el resto de clases presenciales (seminarios, tutorí­as, prácticas, etc.) y la reducción de la carga docente del PDI, en la que se contemple la diversidad de funciones que realizan (docencia, investigación y gestión) y se reconozcan las nuevas tareas que exige la adaptación de la enseñanza a una metodologí­a centrada en el aprendizaje del alumnado;

* Que el proceso de convergencia y de homologación entre paí­ses y estados respete la diversidad que supone la Europa de los Pueblos.

Por todo esto, los STES-intersindical nos oponemos con rotundidad a las polí­ticas privatizadoras que desde diversas instancias publicas y privadas quieren introducir en las universidades y apoyamos las movilizaciones de los estudiantes.

Los STES-i seguiremos propugnando la configuración de un sistema de educación superior y de investigación que garantice una universidad pública, democrática, participativa, plural, abierta, progresista y de calidad, respetuosa con la pluralidad nacional y cultural del Estado español, donde las y los estudiantes sean el eje central y que persiga la consecución de los más altos fines de justicia, cooperación y solidaridad entre todos los pueblos y culturas.

Por todo ello, reclamamos a los gobiernos autonómicos, central y al Ministerio de Ciencia e Innovación la apertura de un proceso de debate, de negociación y en su caso, de rectificación de los aspectos negativos del Plan Bolonia que la comunidad universitaria y sus representantes venimos reclamado.