El Ministerio de Medio Ambiente prohibió a Las Cruces en 2005 extraer 2,5 millones de m3 de agua del acuí­fero, mientras que ahora a la Junta de Andalucí­a le parece "plausible" aprobar una extracción de 12,8 millones.

La prohibición de 2005 se basó en 3 informes técnicos y legales que declaraban la incompatibilidad de la solicitud de Las Cruces con el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG).

La primera solicitud de Las Cruces del año 2001 incluí­a tres posibles captaciones de aguas procedentes del acuí­fero Niebla-Posadas: 160.000 m3/año para usos mineros correspondientes a las aguas del sumidero de fondo de corta, 20.000 m3/año, para usos domésticos (incluida bebida) y otros 2,5 millones de m3, sólo durante los 2 primeros años de excavación de la corta minera.

Pero el entonces Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Agustí­n Argí¼elles, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, en su "Informe de la Incidencia Ambiental del proyecto minero Las Cruces sobre el medio hí­drico" de 26 de septiembre de 2001 declaró que en relación con la captación inicial de 2,5 millones de m3 que "en su planteamiento actual no es compatible con los enunciados y propuestas del PHG"

En la misma lí­nea, el 23 de octubre de 2001, el Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG, Antonio Silgado, en su "Informe de compatibilidad con el PHG", declaró legalizables exclusivamente los 180.000 m3/año de las dos primeras captaciones, considerando que, aunque las normas del PHG no autorizan los usos industriales en esa zona, podrí­an comprar esos derechos de agua, "sin incremento alguno de los caudales extraí­dos, siempre que se demuestre que se pueden considerar como sustitución de captaciones existentes, que quedan anuladas por la explotación minera". Pero nuevamente se declaraba ilegal la captación de los 2,5 millones de m3 de los dos años iniciales, y ello porque la subunidad Gerena-Cantillana del acuí­fero está declarada como sobreexplotada por el artí­culo 62 de las normas del PHG y en consecuencia, es de aplicación del artí­culo 171 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (DPH). Las Cruces intentó reiteradamente que le autorizaran la captación inicial de los 2 primeros años, llegando a manifestar que era técnicamente imposible trabajar sin sacar esa agua, pero ante la posibilidad de quedarse sin la autorización, el 5 de diciembre de 2001 comunicó que reinyectarí­an en el acuí­fero esos 2,5 millones de m3 iniciales, aunque nunca han explicado cómo iban a solventar los problemas técnicos de esa reinyección. La CHG confirmó el 2 de enero de 2002 el informe de compatibilidad con el PHG y cuando Las Cruces pudo justificar la compra efectiva de los derechos de agua, la CHG otorgó la concesión exclusivamente para 160.000 m3/año de uso minero y 20.000 m3/año de uso doméstico. La concesión definitiva se publicó en el BOP de Sevilla el 1 de marzo de 2005.

El Director de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, conoce perfectamente el PHG, ya que ha sido Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Comisario de Aguas y Jefe del Servicio de Calidad de Aguas en los años 90, y Presidente de la CHG, entre el 30 de abril y el 22 de octubre de 2004, coincidiendo con la tramitación de la concesión de Las Cruces.

Sin embargo, ahora, en 2009, cuando la Junta lleva sólo 2 meses con las competencias del Guadalquivir, Jaime Palop considera "plausible", es decir, "recomendable" y "digno de aplauso" que se pueda otorgar Las Cruces una concesión de aguas del acuí­fero de 12,8 millones de m3 para los 14 años previstos de explotación, con una media anual de más de 900.000 m3. Pero resulta que el PHG del Guadalquivir, ahora en 2009, sigue siendo el mismo que antes, y por tanto, lo que antes era ilegal, sigue siendo ilegal. A menos que, la nueva polí­tica andaluza en materia de aguas consista en la modificación de informes respecto a la legalidad vigente, tal como sigue la moda imperante respecto a la legalidad urbaní­stica, con su grado de corrupción incluido.

Parece evidente que, una vez más, en materia de medio ambiente y defensa de la salud de los andaluces, como en el Algarrobico, como en Fertiberí­a, como con las canteras de Alahurí­n de la Torre, o como con la contaminación en la bahí­a de Algeciras, la Junta de Andalucí­a y el presidente Chaves va a optar por la prevalencia de las directrices polí­ticas sobre el interés general. Aunque para ello haya que jugar a la ruleta rusa con el agua de beber de Sevilla y su área metropolitana, y con la calidad de las aguas del Guadalquivir.

Cobre Las Cruces ya ha incumplido sistemáticamente las autorizaciones, según la CHG ha contaminado el acuí­fero con Arsénico mientras Gerena bebí­a del mismo, y ha sacado ilegalmente, según valoración de la CHG de 16 de mayo de 2008, al menos 519.836,31 m3, y según las observaciones aéreas también ha podido llenar la Balsa de Abastecimiento con 1,3 millones de m3 de agua del acuí­fero, por lo que presuntamente, ya han sacado del acuí­fero la mayorí­a de los 2,5 millones de m3 que siempre manifestaron que iban a sacar y que se les prohibió expresamente.

Parece como si las competencias sobre el acuí­fero y sobre el Guadalquivir las ostentara Cobre Las Cruces en vez de la Agencia Andaluza del Agua.