Dichos artículos, que tienen como objetivo garantizar el empleo en casos de sucesión empresarial, establecen que "los trabajadores de la empresa saliente pasaran a adscribirse a la nueva empresa o entidad publica".
CCOO entiende que esta situación es una clara violación de los derechos de los trabajadores, con la agravante de que quien vulnera la legislación es una Administración local.