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Oriente Medio y el Norte de África: Mayor protección y garantías para quienes defienden los derechos humanos
Recibida de Amnistía Internacional el 11-03-2009 a las 01:03

Más de 10 años después de que la ONU pidiera a todos los Estados que apoyaran la labor de quienes defienden los derechos humanos, los activistas de los derechos humanos de Oriente Medio y el Norte de África siguen siendo víctimas de prisión, tortura, persecución y represión por intentar hacer valer los derechos de otras personas, ha manifestado hoy, 11 de marzo de 2009, Amnistía Internacional

"En toda la región, quienes defienden los derechos humanos y sacan a la luz los abusos de las autoridades del Estado suelen corren un gran riesgo por ello "“ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistí­a Internacional—. Los gobiernos deben dar a conocer la labor decisiva que realizan estas personas promoviendo y defendiendo derechos universales. Sin embargo, con demasiada frecuencia lo que hacen es tacharlas de subversivas o alborotadoras y utilizar medios represivos para impedir sus actividades. En toda la región hay personas que se consumen en la cárcel por el simple hecho de haber ejercido pací­ficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión."

En un exhaustivo informe titulado Desafí­o a la represión: Defensores y defensoras de los derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África, Amnistí­a Internacional llama la atención sobre numerosos casos que ponen de relieve la precaria situación de los defensores de los derechos humanos, a los que se intimida, hostiga, amenaza, detiene y condena a cumplir largas penas de prisión o a muerte en juicios injustos. Unas veces se los recluye sin acceso al mundo exterior durante dí­as o semanas, sin cargos ni juicio, y se los tortura. Otras se los detiene reiteradamente y se los somete a distintos tipos de abuso o a varios abusos a la vez. En ocasiones se los obliga a firmar documentos en los que confiesan delitos que ellos aseguran no haber cometido o en los que se comprometen a poner fin a sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Es habitual utilizar la legislación nacional para silenciarlos y para tratar sus actividades como delitos. A menudo se los acusa de "insultos", "difamación", "difusión de información falsa" y "propaganda contra el Estado". En Irán, las autoridades pueden recurrir al menos a nueve leyes, muchas de ellas coincidentes y poco precisas, para castigar crí­ticas o manifestaciones que consideran insultos o difamación de funcionarios del Estado u otros cargos.

En paí­ses como Egipto y Siria se recurre también a estados de excepción que llevan decenios en vigor para imponer severas penas en juicios injustos ante tribunales de excepción

La situación ha empeorado en general en la región para los defensores de los derechos humanos desde que comenzó la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos, que ha dado un pretexto más para silenciar la disidencia y aprobar leyes contra el terrorismo.

El decreto ley de Emiratos Árabes Unidos sobre la lucha contra los delitos de terrorismo pena incluso los intentos no violentos de "alterar el orden público, menoscabar la seguridad, exponer a la población a peligros o causar la destrucción del entorno". Asimismo, la ley antiterrorista aprobada en 2005 en Túnez contiene una definición muy amplia del terrorismo, que abarca actos como "influir en la polí­tica del Estado" ilegí­timamente y "alterar el orden público", lo cual puede vulnerar gravemente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Algunos defensores de los derechos humanos, como las personas que trabajan en los medios de comunicación, los profesionales del derecho y quienes defienden los derechos de las mujeres, corren especial riesgo debido a su profesión o a la causa que defienden. Los trabajadores de los medios de comunicación son objeto de un atento escrutinio debido al amplio impacto que puede tener su trabajo. Los profesionales del derecho sufren hostigamiento por su proximidad a los acusados, que a menudo hace que las autoridades los asocien a la causa de sus clientes. Las personas que defienden los derechos de las mujeres sufren con frecuencia represalias, pues siguen predominando en la región los valores tradicionales, conservadores y patriarcales.

A pesar de esta situación y de la represión, la insistencia de los activistas en combatir las violaciones de derechos humanos ha ido generando poco a poco un cambio. En Irán, el activismo del movimiento de defensa de los derechos de las mujeres, incluida la Campaña por la Igualdad, dio lugar a la eliminación de dos controvertidos artí­culos de un proyecto de Ley de Protección de la Familia llevado ante el Maylis (Parlamento) a mediados de 2008. En Egipto, algunos autores de blogs han contribuido a sacar a la luz la tortura y otros malos tratos infligidos en las comisarí­as de policí­a. Hay colgado varios ví­deos, grabados con teléfonos móviles, en los que se ven torturas y otros malos tratos.

Incluso en zonas en conflicto, los defensores de los derechos humanos han desempeñado un papel esencial. Por ejemplo, varias organizaciones israelí­es y palestinas de derechos humanos han trabajado juntas para llevar casos ante el Tribunal Supremo de Israel. Gracias a ello, el Tribunal dictó un fallo histórico por el que proscribí­a de manera efectiva el uso de tortura por parte de las fuerzas israelí­es.

En una región donde, una y otra vez, los gobiernos no respetan los derechos humanos, el papel de los defensores de los derechos humanos es aún más decisivo. Para continuar con su labor, estas personas han de poder contar con el apoyo de la comunidad internacional hasta que se reconozca su trabajo de campaña y se cumplan sus aspiraciones.

"Es hora de que los gobiernos de toda la región reconozcan la contribución decisiva de los defensores de los derechos humanos y tomen medidas para apoyar su labor "“ha señalado Malcolm Smart—. Deben poner fin de inmediato a la persecución que sufren estas personas y eliminar los obstáculos jurí­dicos y de otras clases que se utilizan para bloquear o restringir sus actividades legí­timas de promoción y protección de los derechos humanos universales."




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