Esos datos se extraen de la documentación presentada por la empresa Cobre Las Cruces (CLC) el pasado mes de septiembre de 2008 y que la Agencia Andaluza de Agua (AAA) sacará a información pública en los próximos dí­as. Ecologistas en Acción los ha obtenido a través de las Diligencias Previas iniciadas por el Juzgado 19 de Sevilla, a partir de la querella presentada por la Fiscalí­a contra CLC por contaminar con arsénico el acuí­fero Niebla-Posadas, mientras Gerena bebí­a de dicho acuí­fero. Los datos han sido facilitados por Ecologistas en Acción a los medios de comunicación, en rueda de prensa celebrada esta mañana.

El acuí­fero Niebla-Posadas esta declarado como sobreexplotado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, por lo que no se pueden otorgar nuevas concesiones de aguas, a menos que se sustituyan por concesiones existentes. De hecho es una reserva estratégica de agua para beber para Sevilla y su metrópoli, en épocas de sequí­a.

Sin embargo, a CLC le "molesta" el acuí­fero para su negocio minero a cielo abierto, y para poder mantener la corta minera en seco, garantizó en 2003, que era capaz de sacar el agua del acuí­fero de la zona de la corta, volverla a reinyectar en circuito cerrado en otra zona alejada, durante 24 horas al dí­a, durante 365 dí­as al año, durante más de 15 años, sin pérdidas de agua y sin contaminar el acuí­fero, mediante un Sistema de Drenaje y Reinyección (SDR).

Ecologistas en Acción (EeA) siempre manifestó que eso no era técnicamente posible y que una vez que CLC obtuviera los permisos necesarios, el acuí­fero se verí­a seriamente afectado. EeA recurrió entre los años 2002 a 2005, en ví­a judicial, todos los permisos de CLC, antes que hubiera un sólo puesto de trabajo en juego, y antes que se dañara el acuí­fero. Lamentablemente, una vez más, el tiempo no da la razón.

Los datos revelan que en el año 2003, se autorizó a CLC una media anual de 34.987 m3, para un sumidero de aguas ácidas en el fondo de la mina que recogí­a aquellas aguas, altamente contaminadas con metales pesados, que no podí­an ser captadas por el SDR. Ahora CLC solicita autorización para aumentar el sumidero hasta los 408.669 m3 anuales, con un incremento del 1168%. Estas aguas, dado su nivel contaminante, nunca podrán ser reinyectadas en el acuí­fero, por lo que serán reutilizadas en la Planta Hidrometalúrgica, depuradas, y finalmente vertidas al Guadalquivir.

Este "desajuste" revela la nula fiabilidad y credibilidad del proyecto presentado por CLC en el año 2003, y deberí­a ser motivo suficiente para que la AAA suspendiera la tramitación de la autorización del Plan Global y exigiera a CLC un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.

CLC afirma en su nuevo Plan que, para evitar nuevos episodios de contaminación por arsénico, va a depurar todas las aguas que extraiga del acuí­fero antes de volver a inyectarlas. Necesita entonces una capacidad de depuración de 175 L/seg, mientras que las depuradoras instaladas sólo llegan hasta los 120 L/seg.

Además, estas depuradoras tienen un rechazo del 10% que tampoco podrá ser reinyectado en el acuí­fero, aumentando las detracciones netas de aguas del acuí­fero hasta los 506.541 m3 de media anual. En total serán 12.812.960 m3 que CLC tiene que compensar comprando nuevos derechos de aguas, que producirán un fuerte impacto negativo en la actividad económica de la zona (cultivos y otras industrias).

A mayor abundamiento, Ecologistas en Acción ha detectado en la documentación de CLC, la presencia de un 16,37% de humedad en los estériles de tratamiento (residuos tóxicos y muy peligrosos), lo que se contradice con los datos aportados por CLC en 2001, cuando garantizaban un 7,5% de humedad en esos residuos. La cuestión no es baladí­, porque el 10% de humedad marca la barrera entre residuos sólidos y lodos.

Todo parece indicar que la nueva estrategia de CLC será solicitar a la Consejerí­a de Innovación permiso para instalar una balsa de lodos como la que produjo la catástrofe de Boliden en Aznalcóllar, e incrementar el volumen de vertido al Guadalquivir.

En octubre del año 2001, el presidente Chaves recibió a Frank Joklik, presidente de la multinacional propietaria de CLC en esos años. Tras esa reunión se desbloquearon todos los permisos para CLC y los abundantes informes técnicos negativos perdieron peso frente a la voluntad polí­tica de Chaves de impulsar el proyecto minero. Pero ese proyecto se ha demostrado que era una falacia.

Desde enero del presente año, tras el traspaso de competencias del Guadalquivir, todas las competencias que afectan a la mina están en manos de la Junta de Andalucí­a, y CLC presume por los despachos de la administración andaluza de contar con el apoyo de Chaves.

Ecologistas en Acción responsabiliza expresamente a Chaves de las posibles consecuencias que se puedan derivar de una nueva autorización a un proyecto que es un fraude de Ley. El Gobierno Andaluz debe anteponer en todo momento el interés público y el principio de precaución, y no permitir que se juegue a la ruleta rusa con el agua de beber de Sevilla y con el rí­o Guadalquivir, cuando sólo lleva 2 meses asumiendo sus competencias en materia de aguas.

De esta forma, Chaves nunca podrá volver a manifestar, como hizo cuando la catástrofe de Boliden, que "la Junta de Andalucí­a no tiene ninguna responsabilidad en este tema".