Irene Khan, secretaria general de Amnistí­a Iternacional, ha declarado: "La ley es clara. El presidente al Bashir debe comparecer ante la Corte para defenderse. Si se niega a hacerlo, las autoridades sudanesas deben asegurarse de que es detenido y entregado inmediatamente ante la CPI".

La orden de arresto dictada hoy contra el jefe del Estado de Sudán es un hecho sin precedentes en la historia de un conflicto en el que se han cometido 300.000 homicidios, miles de personas han sido violadas y millones han sido desplazadas.

Según Irene Khan: "El anuncio de la orden de detención es importante tanto para Darfur como para el resto del mundo: indica que las personas sospechosas de violar los derechos humanos serán juzgadas, no importa lo poderosas que sean".

La actual Constitución de Sudán concede inmunidad penal al jefe del Estado mientras ocupe el cargo. Sin embargo, ningún instrumento internacional ha reconocido nunca la inmunidad en el caso de cargos como crí­menes de lesa humanidad o crí­menes de guerra.

En virtud de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad, que exige a Sudán cooperar con la CPI, las autoridades sudanesas tienen la obligación legal de detener a cualquier persona que figure en una orden de arresto de la CPI.

Amnistí­a Internacional ha afirmado que si el presidente al Bashir se va de Sudán, el gobierno de cualquier paí­s donde se encuentre tiene la obligación de negarle protección deteniéndolo inmediatamente como fugitivo de la justicia y entregándolo a la CPI.

"Nadie está por encima de la ley. Si te acusan de un delito, debes afrontarlo y enfrentarte a los cargos ante un tribunal. El presidente al Bashir tendrá la oportunidad de hacerlo ante la Corte Penal Internacional", concluye Irene Khan.

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Además de las actuaciones contra el presidente al Bashir, la Corte Penal Internacional está viendo otras dos causas relacionadas con la situación en Darfur:

– En abril de 2007, la CPI dictó órdenes de arresto internacionales contra el ministro del gobierno sudanés Ahmad Harun y el jefe de la milicia yanyawid Ali Kushayb, ambos acusados de crí­menes de guerra y lesa humanidad. El gobierno de Sudán hasta ahora se ha negado a detenerlos o entregarlos a la CPI.
– El 20 de noviembre de 2008, la fiscal de la CPI solicitó que se dictaran órdenes de arresto contra tres jefes de grupos armados de oposición que operaban en Darfur, cuyos nombres mantuvo en secreto. Fueron acusados de crí­menes de guerra por el ataque contra la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) en diciembre de 2007, en el que murieron 12 integrantes de esta fuerza de paz.