El Consejo de Participación Asociativa de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Fí­sica y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA "“ Cocemfe Madrid) tuvo su puesta de largo con una reunión presidida por la Concejala Delegada del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Sandra de Lorite y el presidente de FAMMA "“ Cocemfe Madrid, Javier Font.

Este Consejo se reunirá de forma periódica para tratar temas relativos al colectivo de personas con discapacidad, y poder transmitir a las administraciones públicas, las demandas necesarias para mejorar sus condiciones. Para el presidente de FAMMA, Javier Font, "gracias a él, conseguiremos potenciar la participación asociativa de las 46 entidades que forman parte de la Federación, ya que cada una tiene voz y voto para proponer los temas y las peticiones que consideren oportunos".

Así­, el principal tema que se trató fue la modificación del Real Decreto 614/2007 de 11 de mayo sobre el nivel mí­nimo de protección del Sistema para la Autonomí­a y Atención a la Dependencia garantizado por la Administración General del Estado. Una modificación en la que se deja claro que la Ley de Dependencia estará sujeta a los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, según Font, "el colectivo no podemos consentir que la Ley de Dependencia, esté sujeta a estos presupuestos ni que su financiación se haga a costa de hacer desaparecer otras prestaciones".

Y es que para el presidente de FAMMA "“ Cocemfe Madrid, "la aplicación de esta Ley debe ser la misma en todas las comunidades y, por tanto, se deben seguir unos criterios únicos en su aplicación para que las prestaciones no puedan ser financiadas exclusivamente por las comunidades y por los propios ciudadanos".

Por ello, la Federación acordó tras su primera reunión "exigir que se pongan en marcha una serie de medidas que aseguren la atención a las personas dependientes en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional y que garantice la sostenibilidad financiera de la Ley". En este sentido se pide "una financiación suficiente y asegurada en el tiempo, así­ como el establecimiento de un marco regulador que establezca para todo el paí­s la determinación de la capacidad económica del beneficiario y los criterios comunes de acreditación que garanticen la calidad de los centros y de los servicios del Sistema de Atención a la Dependencia".