En los últimos meses, organizaciones sociales como SOS RACISMO Madrid, CEAR Madrid, APDHE, ENAR España y FERINE, han venido recogiendo los testimonios de muchos ciudadanos extranjeros que sufrí­an indiscriminados y abusivos controles de identidad por parte de la Policí­a en la Comunidad de Madrid. Controles que se producen con especial intensidad y frecuencia en lugares y momentos de importante afluencia de personas de origen extranjero, como en la salida de colegios, en las cercaní­as de oficinas de ONGs que prestan ayuda a personas migrantes o en determinadas estaciones de Metro en hora punta.

Hasta el dí­a de hoy nunca hubo pruebas, pero si sospechas fundadas de la existencia de instrucciones dictadas a las fuerzas de seguridad para ejecutar ese tipo de actuaciones. Lamentablemente, la información aparecida en numerosos medios de comunicación acerca de una nota interna de la Jefatura Superior de Policí­a de Madrid con instrucciones precisas sobre el número de inmigrantes a detener por semana y las nacionalidades prioritarias, confirman nuestras sospechas. En la citada nota, según los distintos medios, se establecen cupos de detenciones por distritos atendiendo a la "problemática delicuencial" de cada uno de ellos. A su vez, se justifica un mayor celo en la aplicación de la Ley de Extranjerí­a como instrumento para combatir la delincuencia, en un reiterado error de relacionar inmigración con inseguridad ciudadana.

Una práctica reconocida por el propio Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que está provocando actuaciones policiales de identificación, control y cacheo fundamentadas en el color de la piel, la nacionalidad o el aspecto, contribuyendo a criminalizar ante la opinión pública a seres humanos que no han cometido ningún delito. Las instrucciones recogidas en la nota interna resultan extremadamente preocupantes por su claro sesgo discriminatorio hacia los inmigrantes en general y especialmente hacia determinados colectivos como el marroquí­.

La aplicación de la Ley de Extranjerí­a, en ningún caso, debe servir de excusa, pues es una Ley que viola los principios legales internacionales, es injusta y no se está atendiendo al criterio de tener en cuenta las circunstancias personales de los detenidos, como su arraigo en la sociedad española o si poseen hijas e hijos en el paí­s. En cambio, sólo importa el número, que los detenidos se cuenten por decenas, sin importar las circunstancias que rodean a cada persona detenida. También resulta preocupante la más que dudosa interpretación que las fuerzas de seguridad hacen de las sanciones contempladas en la legislación de extranjerí­a, dictándose orden de expulsión en la casi totalidad de los casos frente a la multa económica que recomienda la propia ley.

A su vez, la realización de redadas cerca de centros de salud o de colegios, puede estar vulnerando derechos básicos reconocidos en la propia la propia ley de extranjerí­a, como el derecho a la salud o a la educación, al dificultar el acceso de los migrantes a estos recursos públicos y al fomentar un clima de temor entre los mismos.

Ante la situación descrita, Ecologistas en Acción muestra su rechazo a éstas prácticas policiales discriminatorias y lesivas contra los derechos de los migrantes reconocidos por la Constitución y las leyes, y exigimos:

Que acaben las redadas indiscriminadas y masivas hacia las personas de origen extranjero.

Que las autoridades cesen en su empeño por vincular detenciones de inmigrantes y lucha contra la delincuencia, y aclaren cuál es su responsabilidad en la existencia de este tipo de actuaciones policiales.

Asimismo, nos reafirmamos en la declaración del III Foro Social Mundial de las Migraciones (septiembre 2008), donde se dice: "La construcción de muros geográficos, polí­ticos, legales y culturales, como la directiva europea de "la vergí¼enza", y otras leyes públicas y disposiciones oficiales similares, son una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana".