El motivo es denunciar el Incumplimiento del Acuerdo firmado con el Consejero de Justicia el 11 de diciembre de 2007, la falta de voluntad política del Gobierno de Esperanza Aguirre en solucionar la grave situación de los Tribunales, Juzgados y Registros Civiles de la Región , así como las condiciones de trabajo de los 6.000 trabajadores y trabajadoras.