El desarrollo de este periodo "decretado" por el capital mundial de crisis económica para efectuar un nuevo reajuste en la economí­a global que le permita seguir ACUMULANDO MÁS BENEFICIOS, EMPOBRECIENDO Y DISCIPLINANDO A LA CLASE TRABAJADORA, vuelve a dejarnos claro que la decencia nunca ha sido patrimonio de la clase empresarial mundial y menos aún del empresariado español.

Durante casi 14 años ininterrumpidos, empresarios de todo tipo: financieros, constructores, de los sectores de la energí­a, del campo, de los servicios, han amasado grandes beneficios que han ido directamente a mantener sus modos de vida de ricos o muy ricos. Incrementando las desigualdades y la descohesión en la sociedad española, siendo directamente responsables de un modelo de crecimiento insostenible, cuyas negativas consecuencias sobre la sociedad, la salud, el clima o el medio ambiente, sufrimos todos y son en muchos casos irreversibles.
El capital ha basado este crecimiento desorbitado de sus beneficios, en la sobreexplotación de los trabajadores: entorno al 50% de los asalariados tienen contrato temporal o a tiempo parcial, o "¦ ; y cerca de 11 millones de asalariados perciben un salario medio anual de 1.000 euros en 14 pagas. Luego el contrato dominante de la mayorí­a de los asalariados en el actual mercado de trabajo, ni es caro, ni es rí­gido, es decir, es un contrato de usar y tirar.

La debilidad en la protección frente al despido ha sido y es el elemento central que ha predominado en los 30 años de relaciones laborales "democráticas". El proceso de desregularización desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980, hasta la última Reforma
Laboral (Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo), ha normalizado e instaurado una ideologí­a antidemocrática en el empresariado y la clase polí­tica y financiera: en España el empleo contiene pocos derechos.

Ahora, desde la UE (Banco Central Europeo), desde el Banco de España en la figura de su Gobernador y desde la CEOE como representante de todo el empresariado "español", acompañados por las declaraciones de otras estructuras patronales sectoriales o territoriales, se
amenaza al conjunto de la sociedad desde la perspectiva de que ellos son los dueños de los
puestos de trajo. Exigiendo que se les garantice un despido más barato (no libre, pues este es
absolutamente libre desde la reforma del PP del 2001), a cambio de no seguir destruyendo empleo.

Estas declaraciones son expresión de la voluntad empresarial, intentando efectuar UN SECUESTRO EN EL QUE LOS REHENES SOMOS TODA LA SOCIEDAD. Llamativamente
esto se produce cuando a las constantes rebajas de las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social y a las progresivas bajadas de impuestos, se añaden las medidas adoptadas por el gobierno para financiar a las empresas con mayor responsabilidad en la crisis actual; inyectando miles de millones a la banca, a los chiringuitos financieros, a las empresas constructoras...

La concepción ideológica de estas polí­ticas tiene su raí­z en el argumento desarrollado en 1943
por un analista económico que decí­a:"¦ "en una sociedad sin riesgo de pérdida del empleo, el
despido no desempeñarí­a un papel disciplinante y, aunque tal sociedad generase mayores
beneficios empresariales que un sistema de liberalismo "“ laissez faire-, ésta minarí­a la posición
social del patrón". EL CHANTAJE al cual se somete a los trabajadores sobre el mantenimiento del empleo, resulta no sólo injusto, sino que debe ser considerado como el mayor acto de violencia ejercida sobre cualquier ser humano, al cual se le niega el derecho primero y elemental: el de vivir y hacerlo
dignamente. Esta VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES, debiera ser perseguida de oficio por el fiscal general y el Gobierno de turno, y despedir a quienes son los responsables de que no se cree riqueza suficiente y se reparta dignamente para todos y todas.

Las sucesivas reformas de la legislación del contrato, han llevado a la implantación de la
CONTRATACIÓN COYUNTURAL como la forma más extendida de empleo y al despido sin coste alguno o de menos de 30 dí­as por año de trabajo. Todos los años desaparecen varios millones de contratos, por el simple hecho de terminarse los mismos. Hay que tener en cuenta los contratos temporales, el contrato a tiempo parcial, los indefinidos de despido barato, las
ETT´s, "¦, sin duda MÁS DEL 50% de todos los asalariados. En términos de costes, según la Central de Balances del Banco de España los indemnizatorios por despidos y jubilaciones anticipadas de las empresas, sólo suponen el 5% de sus gastos en salarios. ¿Luego, de que están hablando?.

Buscan la FLEXIBILIDAD absoluta, es decir, que los estados, asuman directamente los costes de las exiguas indemnizaciones ya existentes; tratando de conseguir lo mismo que el Empresariado consiguió con el ABSOLUTO DESPIDO LIBRE en el estado español.
Que ahora el estado a través de una ley, financie con dineros públicos las indemnizaciones o parte de las indemnizaciones del coste de despido libre.
Lo dicho, ni decencia, ni mucho menos justicia social. Hay que detenerlos porque son muy, muy
peligrosos: atentan contra la vida de las personas y del planeta.

CONTRA LA INJUSTICIA: HACE FALTA ¡ ¡ ¡YA!!!
UNA HUELGA GENERAL