La FRAVM es una de las organizaciones decanas en la lucha contra las sucesivas ampliaciones del aeropuerto de Barajas por las graves consecuencias de la contaminación atmosférica y acústica generada por el tráfico aéreo en los residentes de los distritos y municipios del entorno. Los constantes llamamientos dirigidos a las administraciones para que privilegien la garantí­a de la salud de los aproximadamente 500.000 vecinos afectados sobre los beneficios económicos que genera el aeródromo no han recibido respuesta. Ninguna de las muchas alegaciones presentadas por la Federación a las sucesivas ampliaciones han sido consideradas, recogidas ni respondidas. Pero el trabajo no ha sido baldí­o. No del todo, al menos. El mes de noviembre del pasado año el Tribunal Supremo condenaba a AENA a indemnizar con 30.000 euros a cinco vecinos de la urbanización madrileña Santo Domingo (Algete), al concluir que el ruido provocado por el sobrevuelo de los aviones es "suficiente, por su entidad, naturaleza y duración, para generar molestias que lo trastornan más allá de los lí­mites aceptables". Lejos de considerar las determinaciones del máximo tribunal jurisdiccional, la administración y la entidad pública AENA no incluyeron siquiera la urbanización de Santo Domingo en el mapa de zonas afectadas por el ruido del tráfico aéreo.

Por todo ello y, dadas "las diferentes y evidentes deficiencias técnicas que contiene la actualización de los mapas de ruido del aeropuerto de Madrid- Barajas que se someten a información pública" la FRAVM solicita en su alegación la inmediata retirada del documento y exige al Gobierno que cumpla el mandato del Congreso de los Diputados del 18 de septiembre de 2007, que insta a incorporar a las asociaciones más representativas de las poblaciones directamente afectadas, entre ellas la FRAVM, a la Comisión de Seguimiento Ambiental de las actuaciones de ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid (CSAM). "Mientras el Ejecutivo no cambie la composición de los órganos de seguimiento y control de las ampliaciones del aeropuerto incorporando a las organizaciones que representan a los vecinos afectados todas las huellas acústicas que emitan carecen de valor, ya que los organismos que las realizan son, a la vez, juez y parte: AENA controla y mantiene el sistema de monitorización del ruido del aeropuerto, emitiendo los informes que remite a la comisión de vigilancia que dirige y controla junto con la Dirección General de Aviación Civil y el Ministerio de Medio Ambiente.

La Administración central lleva más de 10 años mirando a otro lado, negando primero las determinaciones de la Declaración de Impacto Ambiental de 1996, que contemplaba la participación de los vecinos en los órganos de control y obviando después un mandato del Congreso de los Diputados en ese mismo sentido que fue aprobado por 299 votos a favor y sólo uno en contra. Tal actitud pone de manifiesto el total desprecio del Ejecutivo por los mandatos de todos los partidos polí­ticos representados en el Congreso de los Diputados y, lo que es más grave, por la salud de los más de 500.000 madrileños afectados por el ruido y la contaminación atmosférica de Barajas. El contumaz bloqueo a la participación de las asociaciones vecinales en los órganos de control demuestra que, para el Gobierno, las consecuencnias sobre la salud de los vecinos del tráfico aéreo son un `mal menor\’ que los elevados beneficios económicos justifican"-denuncia Andrés Martí­nez, de la comisión de Medio Ambiente de la FRAVM. "El grave error de Estado que supone las ampliaciones del aeropuerto sólo se resolverí­a parcialmente con el cumplimiento í­ntegro del Plan de Aislamiento Acústico y con el cierre nocturno del aeropuerto".