Así­ pues; no se pueden registrar sin consentimiento u orden judicial los equipos informáticos propiedad de los ciudadanos ni los que, aún no siendo propios, estén hubicados en sus casas, dado que se cercenarí­a la Inviolabilidad del domicilio.

Tampoco se puede espiar o conocer los datos que intercambian los ciudadanos sin orden judicial puesto que está contra el Secreto de las comunicaciones. Ni, por supuesto, se pueden hacer estimaciones estadí­sticas de tráfico que permitan saber la actividad que se está desarrolando en esos equipos informáticos porque, si no existe una orden judicial que lo ampare, se estarí­a violando el Lí­mite a la informática para preservar la intimidad familiar.

Los ciudadanos tienen Derecho a una comunicación libre: Que abarca la Libertad de Expresión, producción y creación literaria, artí­stica, cientí­fica, técnica y tarea docente. También tienen Derecho a la información. A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad nuestro acceso a la información y la cultura.

Hay que recordar que en este paí­s Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Es por todo esto que la Neutralidad de Red es una obligación de los proveedores de servicios de la sociedad de la información ya que deriva de estos derechos fundamentales. Es decir, que los intermediarios deben mantenerse neutros y limitarse a conectar a proveedores de contenidos (sean personas fí­sicas o jurí­dicas) con aquellos que deseen acceder a ellos sin jerarquizar, priorizar o penalizar dicha comunicación bajo ningún supuesto que no sea el de la voluntad del ciudadano. Y, por supuesto, garantizando el secreto de los datos que por sus redes circulan y siendo completamente escrupulosos con la privacidad e intimidad de las personas.