El 20 de febrero de 1989, 57 jóvenes pusieron en marcha la Campaña de Insumisión organizada por el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC).

Los jóvenes se declararon insumisos ante diferentes Gobiernos Militares del Estado español. Se negaban a hacer la mili y la prestación social sustitutoria (PSS) de 18 meses como alternativa al servicio militar
obligatorio. Once fueron detenidos e ingresados en diferentes prisiones militares.

Se trataba del inicio de lo que iba a ser la más exitosa campaña de desobediencia civil en el Estado español y en Europa. A lo largo de los 12 años que duró la lucha, 50.000 jóvenes se declaraon insumisos y 1.670 terminaron en la cárcel por defender su derecho a no hacer la mili ni la PSS.

La insumisión es la heredera de la objeción de conciencia al servicio militar de los años 80. Estos objetores procesados fueron amnistiados y quedaron libres de sus obligaciones militares. Sin embargo, algunos de ellos creí­an que la mayor duración de la PSS penalizaba a los objetores y que se trataba de un trabajo esclavo que eliminaba puestos de trabajo
remunerados. El objetivo debí­a ser la desaparición total del servicio militar. La renuncia a la amnistí­a les dejaba en la posición de volver a ser llamados a filas. Cuando esto ocurrió, se declararon insumisos.

El primer juicio militar contra insumisos se celebró el 16 de noviembre de 1989 y también se produjeron las primeras condenas de cárcel que los insumisos tuvieron que cumplir en cárceles militares ya que la
jurisdicción era militar.

En 1991, los casos de insumisión al servicio militar pasaron a la jurisdicción civil. Si el Código Penal Militar fijaba la pena mí­nima para los insumisos a la mili en un año de prisión, el Código Civil establecí­a
unas penas más altas para los dos tipos de insumisión: de dos años, cuatro meses y un dí­a hasta seis años.

En 1995 se aprueba un Nuevo Código Penal que mantiene la penas de prisión para los insumisos, cuando la oposición a estas condenas está extendida en
la sociedad española. En 1998 se rebajan estas penas de nuevo y unos meses más tarde se aprueba una nueva ley de regulación de la PSS. El Gobierno anuncia que el último reemplazo de la mili dejará los cuarteles en
diciembre de 2001. En el año 2002, el Gobierno se ve forzado a reformar el Código Penal y el Código Penal Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión: se produce una amnistí­a para cerca de 4000
insumisos procesados y unos 20 insumisos en los cuarteles.

El movimiento antimilitarista sigue trabajando para profundizar en la desmilitarización de nuestra sociedad, en frentes como las movilizaciones en contra de las guerras, la desobediencia al gasto militar, el desmantelamiento de las instalaciones militares y su reconversión a uso civil, la denuncia del comercio de armas, la participación en las nuevas
movilizaciones contra la OTAN... Y todo ello en un nuevo contexto social, polí­tico y económico, que es el de la existencia de unas Fuerzas Armadas
"profesionales", que intentan ser vendidas y legitimadas como una una opción laboral más, como una ONG simplemente vestida de caqui.

Como decí­amos no hace tanto tiempo: acabar con la mili fue divertido, abolir los ejércitos será un fiestón.