Los profesionales sólo tienen conocimiento de los proyectos de la Consejerí­a de Sanidad cuando ya están definitivamente redactados. Somos los últimos en conocer los documentos. Las polí­ticas que no se consensúan, que se hacen sin transparencia y sin la participación efectiva y real de los profesionales difí­cilmente consiguen sus objetivos. La Administración de hoy en dí­a deberí­a valorar a sus trabajadores e implicarles de forma activa en la consecución de una gestión lo más eficiente posible. Desde la Consejerí­a de Sanidad se demuestra constantemente que no existe una preocupación real por el desarrollo y la motivación de sus profesionales, ya que no impulsa la comunicación entre estos y la Administración.Desde SIME, la Asociación Profesional de Médicos y Facultativos de Madrid, exigimos diálogo y que la sanidad salga del ruedo polí­tico para aunar soluciones y poner en marcha proyectos de futuro alejados de las contiendas polí­ticas.

Tenemos varios decretos en ciernes que afectan a la Atención Primaria madrileña: la libre elección de médico, Gerencia única y Estructuras Básicas de Salud. Su aplicación supone otro cambio más en el modelo de gestión que repercute negativamente en los profesionales ya que la movilidad en todo el Área de Madrid podrá ser voluntaria y forzosa, es decir, al albur de quien corresponda y vulnerando los derechos adquiridos sobre las plazas obtenidas mediante concurso-oposición.

La falta de información y de criterios firmes es otro de los problemas que afectan a diversos ámbitos. La libre elección de los profesionales se realiza sin la consulta previa de quienes conocen mejor la realidad de la AP, lo cual obliga a definir, entre otras cosas, si van a existir lí­mites sobre los cupos máximos y mí­nimos de pacientes, a partir de los cuales las retribuciones serí­an sancionadas, según últimas noticias.

Si la financiación de la Atención Primaria no se aborda con seriedad y la masificación de las consultas no se soluciona, de poco servirá al ciudadano y a la elección profesional. Las cargas de trabajo deberán descender y la burocracia desaparecer, si se pretende lograr una mejora de la calidad asistencial.