Del 9 al 20 de febrero, comienzan las vistas del juicio (Audiencia Provincial de Madrid, C/Santiago de Compostela nº 96/98; Sección 3ª; 5ª Planta; 10 Horas) a cinco policí­as, dos de ellos mandos, que en noviembre del año 2000, bajo las órdenes del entonces delegado del Gobierno Francisco Javier Ansuátegui, reprimieron brutalmente a un grupo de manifestantes que realizaba una sentada pací­fica en las escaleras del Congreso de los Diputados; desplegando una pancarta para pedir la abolición de la Deuda Externa de los paí­ses empobrecidos. La policí­a reprimió duramente a las personas sentadas frente a la Cámara Baja, con resultado de 59 personas lesionadas, 14 de ellos graves y 45 leves además de 7 detenidos.

La inexplicable actuación policial contra los manifestantes a base de porrazos, patadas, insultos y pelotas de goma a corta distancia, fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, y cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien, en una comparecencia en el Congreso y ante varias preguntas parlamentarias, reconoció que hubo un comportamiento "excesivo" por parte de la policí­a.

Ocho años después, cinco policí­as se sentarán en el banquillo para responder a las acusaciones de lesiones y detención ilegal que les presentan más de 40 personas de todo el Estado.

Los denunciantes manifestamos el deseo de:

"¢ Recordar de nuevo el motivo de aquel acto, e instar al Gobierno español a abolir la Deuda Externa que tienen con nosotros contraí­da los paí­ses empobrecidos (http://www.quiendebeaquien.org/).

"¢ Hacer pública la tardanza en el proceso judicial de la denuncia planteada por los manifestantes agredidos.

"¢ Evitar la impunidad de la policí­a nacional que se extralimitó y ensañó contra manifestantes pací­ficos.

"¢ Exigir la responsabilidad polí­tica de quienes ordenaron dicha represión contra los ciudadanos.

"¢ Denunciar la criminalización sistemática de los movimientos sociales.

Podéis recordar algunos instantes de la acción policial en el siguiente enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=cVIe1CDrbLU

ANTECEDENTES: Una crónica de represión policial, ninguneo del ejecutivo, y dificultades judiciales

12 de marzo de 2000.
Jornada de participación ciudadana
La Consulta Social por la Abolición de la Deuda Externa, que se llevó en numerosas provincias de todo el Estado español, recogió (pese a la represión) más de un millón de votos ciudadanos a favor de la abolición de la Deuda Externa de los paí­ses más empobrecidos. Organizó esta Consulta la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), un movimiento social comprometido con la abolición de la deuda externa y el fomento de la democracia participativa.
http://rcade.org/secciones/consulta/index2.htm

Los poderes polí­ticos ningunean los resultados de esta consulta durante varios meses, por lo que:

26 de noviembre de 2000.
Jornada de participación ciudadana, represión policial
La RCADE, convoca una manifestación el 26 de noviembre de 2000, fecha en que se producen los hechos que ahora se juzgan. La marcha, que transcurrió entre Cibeles y Atocha, y a la que asistieron miles de personas procedentes de todo el Estado español reclamaba el reconocimiento parlamentario de los más de un millón de votos recogidos durante la Consulta; e incluí­a una acción consistente en desplegar una pancarta frente a la Cámara Baja, como institución que representa la voz del pueblo.
La policí­a reprimió duramente a las personas sentadas pací­ficamente frente a la Cámara Baja, con resultado de cientos de apaleados, 59 personas con lesiones de diversa consideración (fracturas, esguinces, traumatismos craneoencefálicos, contusiones, hematomas...) y 7 detenidos.
La injustificada actuación policial contra los manifestantes, a base de porrazos, patadas, insultos y lanzamiento de pelotas de goma a corta distancia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y cuestionada por el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, quien reconoció que hubo comportamiento "excesivo" por parte de la Policí­a Nacional (publicado en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, nº 46, del 29 de noviembre de 2000), y cuya consecuencia más inmediata fue el cese del mando policial responsable de aquella operación.

Dificultades judiciales y asimetrí­as
Resulta llamativo que la única persona acusada de agredir a un policí­a, y que finalmente fue absuelta, fuese llamada a juicio apenas dos años después de la sentada frente al Congreso, mientras que la policí­a se sienta en el banquillo ocho años después. Este caso pone de manifiesto el agravio comparativo que sufren a la hora de recibir justicia los ciudadanos pací­ficos que ejercen su derecho a manifestarse, frente a las "fuerzas del orden" que se extralimitaron en sus funciones, incluso en presencia de cientos de testigos y medios de comunicación.

OCHO AÑOS DESPUÉS. Las demandas de la RCADE respaldadas por más de un millón de votos siguen sin ser escuchadas
Años después, en el 2006, en ese mismo Congreso, se aprobó una ley para la gestión de la Deuda Externa (BOE, Ley 38/2006, del 7 de diciembre de 2006, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa) que recoge una parte de las demandas de la sociedad civil, pero que sigue siendo insuficiente para responder a la voluntad manifestada en la Consulta Social y a los reclamos que han seguido haciendo organizaciones sociales del norte y del sur.
(http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article401).
En este momento se gestan dos nuevas leyes que regularán los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la Compañí­a Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE), mecanismos generadores de la Deuda Externa (http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?rubrique54).