Las asociaciones ecologistas que trabajan en el Parque Regional del Sureste, la Asociación de Defensa del Jarama El Soto, ARBA, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, llevan nueve años reclamando la aprobación de un Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que regule adecuadamente los usos y actividades en este espacio protegido. La redacción de este documento es un mandato de la Ley de creación del Parque Regional.

Sin embargo, la sorpresa ha sido conocer que el próximo jueves, el PRUG, se aprobará en el Consejo de Gobierno sin conocer el contenido definitivo del mismo. Estas organizaciones temen que la falta de transparencia con la que está actuando la Consejerí­a de Medio Ambiente responda a la intención de aprobar un documento que incluya cuestiones contrarias a la Ley de creación del Parque Regional, como la caza en zonas prohibidas o, actividades muy polémicas como la construcción de campos de golf.

Estas sospechas se basan en la existencia de precedentes. En junio de 2005, la Consejerí­a de Medio Ambiente sometió a información pública un PRUG que contení­a cuestiones contrarias a la Ley de creación del Parque Regional. Por ello, se presentaron alegaciones. Sin embargo, desde hace tres años y medio nadie ha vuelto a ver el texto definitivo y tampoco se han contestado a las alegaciones presentadas. Ni siquiera se sabe si el texto de 2005 ha sido modificado.

Esta opacidad es aun más inexplicable si se tiene en cuenta que el dí­a 12 de febrero se ha convocado una reunión de la Junta Rectora del Parque Regional del Sureste. Este es un órgano consultivo formado por ayuntamientos, administraciones autonómicas y organizaciones ecologistas. Dentro del Orden del Dí­a como punto a tratar se encuentra el Plan Rector de Uso y Gestión. Sin embargo el documento no está disponible para que pueda ser consultado antes de la reunión. Es más, los responsables, en la Consejerí­a de Medio Ambiente, del espacio protegido afirman desconocer el texto que se va a aprobar.

Esta circunstancia resulta insólita y podrí­a inducir a pensar que las decisiones en materia ambiental que se toman en este espacio protegido escapan del ámbito técnico-cientí­fico. Esto supondrí­a que el medio ambiente en Madrid se rige por intereses polí­ticos, económicos o de cualquier otra í­ndole, ajenas al mandato constitucional de conservación del medio ambiente.

Las organizaciones: Asociación de defensa del Jarama El Soto, ARBA, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, han solicitado a la Consejera de Medio Ambiente, Ana Isabel Mariño que antes de llevar el texto al Consejo de Gobierno permita a los interesados y en especial, a los miembros de la Junta Rectora, conocer el texto definitivo y comprobar que el contenido del PRUG no contradiga la legalidad ambiental vigente.