Ecologistas en Acción quiere destacar que la continuada y reiterada denuncia de entidades sociales y partidos de la oposición ante este destrozo no inmuta a ambas administraciones madrileñas. Estas administraciones llevan años saltándose la normativa legal existente, tanto en materia de medio ambiente como en la protección del patrimonio en la Casa de Campo.

Resulta vergonzoso el desconocimiento que se tiene del alcance de las obras que se realizan en el entorno histórico del Palacete de los Vargas, núcleo primitivo de la Casa de Campo. Aquí­ Felipe II dejó la impronta de jardines renacentistas en el S. XVI, dañados de forma negligente por la corporación madrileña antes y después de la obra de la M-30.

La Dirección General de Patrimonio ha permitido al Ayuntamiento actuaciones aberrantes con motivo de la ampliación y soterramiento de la citada autoví­a, como el derribo de la tapia perimetral del Jardí­n de Plantas Medicinales y luego el tránsito de vehí­culos durante meses por este Jardí­n, una vez arrasado materialmente.

Pero la cosa no termina aquí­. En estos dí­as se procede al traslado de la histórica puerta de la Casa de Campo, todo debido al desastroso proyecto de la M-30 que situó un enorme bunker de cemento justo a escasos metros de la citada entrada. Nadie vio el impacto visual de aquella chapuza, no se cumplió la realización de una evaluación de impacto ambiental previa, lo que obliga ahora a este traslado ilegal. Junto a la Puerta del Rey "“en honor del rey impuesto, José Bonaparte"“ se levantan enormes ejemplares bicentenarios de plátanos de sombra, Platanus hispanica, ya dañados por podas incorrectas en la época de Álvarez del Manzano, y luego por las obras de la famosa autoví­a, y que ahora van a sufrir nuevos daños.

Para Ecologistas en Acción, el oscurantismo de las actuaciones del Ayuntamiento en estas obras es indignante y crea una gran indefensión. Si los componentes de la oposición municipal no conocen el proyecto, mucho menos las entidades sociales y ciudadanos de a pie.

Ante la situación actual, es deseable que la Dirección General de Patrimonio paralice esas obras y atienda a lo expuesto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid que se supone, existe para proteger el legado histórico de la región.