Este plan, que tiene por objetivo impulsar la internacionalización de las empresas españolas, endeudará más todaví­a a los paí­ses receptores. Así­ es: los créditos FAD son el principal instrumento generador de deuda externa del Estado español en terceros paí­ses. Estos créditos se otorgan a los paí­ses receptores en mejores condiciones financieras que las del mercado, lo cual los hace más atractivos que los créditos comerciales. Sin embargo, el estado receptor se endeuda sin disponer de libertad de contratación para la ejecución de los proyectos, ya que los FAD se otorgan bajo la condición de compra de bienes y servicios españoles.

Con ello, además de endeudar al paí­s y obligar a que éstos desatiendan parte de sus necesidades internas (hay paí­ses que destinan más del 30% de su presupuesto interno al pago de esa deuda), se destruye las capacidades locales de crear un tejido industrial propio. Tratándose de una empresa española quien ejecuta los proyectos que financian esos créditos, la mayorí­a de los beneficios recaen en la economí­a española y no en la de los paí­ses empobrecidos, una caracterí­stica inapropiada para un instrumento cuya finalidad principal debiera ser el desarrollo de los pueblos empobrecidos.

El Gobierno justifica esta medida para diversificar e incrementar la actividad exportadora de España, mejorar la imagen y el posicionamiento del paí­s en los mercados internacionales y hacer del sector "una punta de lanza en la lucha contra la crisis", lo cual nos parece del todo irrazonable tratándose de un mecanismo que se contabiliza como Ayuda Oficial al Desarrollo. Además, no pensamos que endeudar más a los paí­ses africanos sea la fórmula para salir nosotros de una crisis en la que ellos también están metidos.

Además, la campaña ¿Quién debe a quién? quiere denunciar la voluntad del Gobierno de flexibilizar los seguros por cuenta del Estado gestionados por la Compañí­a Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), ya que éstos son el segundo mecanismo por el que se genera deuda en los paí­ses empobrecidos.

La campaña considera que antes de seguir promoviendo dichos instrumentos generadores de deuda el Gobierno central deberí­a de afrontar sin más dilaciones (llevando ya más de un año de retraso) la reforma legal del FAD y de CESCE, tal y como está obligado por la Ley 38/2006, del 7 de diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa en su disposiciones transitorias primera y tercera, respectivamente.

Exigimos que en dichas reformas se prioricen los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ecológicos de los pueblos receptores de estos fondos por delante de los intereses comerciales españoles, así­ como que se elimine la utilización de instrumentos crediticios como los créditos FAD de la Ayuda Oficial al Desarrollo. De la misma manera, demandamos que en estas leyes se establezcan los mismos niveles legales de responsabilidad de las empresas receptoras que aquellos que actualmente están en rigor en el Estado español.

Por todo ello, exigimos al Gobierno que antes de llevar a cabo los planes previstos presente de manera inminente un proyecto de reforma del FAD y CESCE, que pueda ser debatido en profundidad con el conjunto de la sociedad
civil preocupada por la justicia social y el desarrollo integral y humano de los pueblos empobrecidos del Sur, los cuales han tenido que sufrir durante 30 años de unos instrumentos tan perjudiciales e ineficaces para su desarrollo.