Las 11 Comunidades Autónomas con competencias en esta materia tienen importantes responsabilidades en materia de atención sanitaria, asistencia integral a las ví­ctimas y administración de justicia. Sin embargo, las ví­ctimas de violencia de género son tratadas de distinta manera y tienen acceso a los recursos en distinto grado dependiendo del lugar donde se encuentren.

La Conferencia se celebra dos dí­as después de que el Gobierno haya presentado el balance de denuncias y homicidios por violencia de género en 2008. Amnistí­a Internacional considera que, ante estas cifras (en las que se incluyen 70 mujeres ví­ctimas de homicidio de género en 2008 -y 7 casos en estudio-, 16 de las cuales habí­an presentado denuncia, y en las que se pone de relieve el aumento de ví­ctimas inmigrantes -hasta un 44,3% de los casos-), los participantes en la Conferencia deben lograr acuerdos que garanticen el establecimiento de estándares mí­nimos en la respuesta institucional ante la violencia de género en todo el territorio del Estado, de modo que todas las ví­ctimas tengan igualdad de acceso a los servicios, ayudas, protección y justicia, independientemente del lugar donde se encuentren y de su situación administrativa.

Estos estándares mí­nimos deben resolver las numerosas deficiencias que aún presenta la respuesta institucional a la violencia de género en el ámbito sanitario, en la atención integral a ví­ctimas, en la asistencia letrada especializada o en la administración de justicia (ver Anexo adjunto para más detalles sobre cada uno de estos puntos).

La situación de las mujeres inmigrantes
Amnistí­a Internacional ha mostrado preocupación en varias ocasiones por la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres extranjeras, más aún cuando se encuentran en situación administrativa irregular.

En este sentido, las nuevas estadí­sticas presentadas por el Gobierno vuelven a poner de relieve que las mujeres inmigrantes siguen siendo un colectivo con un riesgo mucho mayor de morir a manos de sus parejas o ex parejas, al estar discriminadas en la legislación y en la práctica, y siguen enfrentando importantes obstáculos en el acceso a la justicia y a la autonomí­a económica.

Amnistí­a Internacional celebra que el "Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Extranjera Inmigrante 2009"“2012", aprobado el pasado 9 de enero en Consejo de Ministros, prevea que el anteproyecto de la Ley de Extranjerí­a incluya la posibilidad de otorgar el permiso de trabajo a las ví­ctimas de violencia de género inmigrantes con orden de protección que obtengan el permiso de residencia temporal, y para las mujeres reagrupadas en situación de maltrato acreditado.

Sin embargo, las mujeres inmigrantes en situación irregular siguen sin poder acceder en la práctica a las ayudas económicas previstas en la Ley Integral, sin que se hayan tomado medidas para abordar esta discriminación.

Tampoco tienen acceso a las ayudas genéricas que se perciben a través de la Renta Activa de Inserción para demandantes de empleo.

Por último, la organización también lamenta que el plan no incluya la retirada de la Instrucción 14/2005 de la Secretarí­a de Estado de Seguridad, que ordena a los agentes policiales que, además de seguir el protocolo común de trato a ví­ctimas de violencia de género, ante la llegada de una ví­ctima extranjera averigí¼en si su situación es irregular. (ver Anexo adjunto para más información).